En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, la defensa de Alvárez matiza que, mientras no se reciba la preceptiva autorización de las Cortes, "no procede realizar actividad procesal alguna que afecte directamente a cualquiera de las personas aforadas" con el fin de garantizar a los aforados la plena efectividad de su derecho a la defensa.

Murillo señala que ello, además, supondrá "un principio de economía procesal, pues si el Congres de los Diputados denegase la autorización para continuar la investigación con respecto a las personas aforadas, se sobreseerá la causa definitivamente con respecto a todos los aforados" de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El abogado pide además a la Sala Segunda que en el caso de que el Congreso de los Diputados conceda el suplicatorio de los aforados, les tome declaración "como imputados asistidos de abogado y con intervención de esta parte, lo que solicitamos desde ahora, sin perjuici de las diligencias que resulten procedentes y que el instructor acuerde de 'motu propio' o por solicitud de las partes personadas".

Finalmente, Murillo afirma en su informe que considera "ajustada a derecho la resolución del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de remitir a esta sala del Tribunal Supremo la exposición razonada sobre competencia de este Alto Tribunal para continuar la investigación iniciada al haberse detectado pruebas de cargo de la comisión de hechos delitivos por cuatro aforados".

Este es el segundo informe de las partes personadas en el 'caso GAL' que recibirá la Sala Segunda después de que la acción popular le remitiera ayer su dictamen en el que al igual que la defensa de Alvarez también pide al tribunal que solicite el suplicatorio de los aforados para tomarles declaración en calidad de imputados.

Además de estas partes, tanto el abogado de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez como la representación del ex dirigente de los socialists vizcaínos Ricardo García Damborenea ya han anunciado que instarán al Alto Tribunal a que cite como imputados al presidente del Gobierno y los otros tres aforados relacionados con el 'caso GAL', el ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, el ex ministro de Interior José Barrionuevo y el dirigente socialista José María Benegas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Carlos Granados, convocó hoy, para el próximo día 5 de septiembre, a la Junta de Fiscales de Sala con el fin de elaborar el dictmen sobre la causa que debe remitir al Tribunal Supremo antes del próximo 9 de septiembre.