En el auto de prisión decretado por Garzón el pasado día 9, el juez acusó a De Justo de malversación de fondos públicos y de infringir la leyde control de cambios. Tres días después, el auto de confirmación amplió las imputaciones a las de encubrimiento de actos criminales.

La defensa del ex secretario de Vera recurrirá esta ampliación de los delitos que se le imputan por entender que esa decisión se produjo después que el juez Garzón visitara al juez suizo Paul Perraudin para solicitarle colaboración en el esclarecimiento del `caso Gal'.

En esa entrevista entre ambos jueces, Perraudín informó a Garzón que las imputaciones que se le aribuían a De Justo no eran suficientes para abrir una investigación judicial en Suiza por lo que el magistrado español decidió ampliar los cargos contra la mano derecha de Vera sin tener en realidad pruebas de ello.

Los abogados de Juan de Justo alegarán también un defecto de forma en el procedimiento de comunicación del auto de ratificación de la prisión incondicional porque esta decisión del juez le fue comunicada directamente al inculpado sin enviar copia del documento a su procurador.

Esta cicunstancia, a la que está obligado el juez instructor, supuso una pérdida de tiempo en la defensa de De Justo, que vivió en esos días una "acusada sensación de indefensión".

Según la orden de encarcelamiento de Garzón, el ex secretario de Vera entregó a las esposas de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez 50 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados del Ministerio de Interior.

Para Garzón, ese dinero tenía la finalidad de compensar económicamente y conseguir el silencio de medo y Domínguez en el próximo juicio que iban a tener por su vinculación a los Gal, "todo ello siguiendo órdenes superiores".

En el fondo de la cuestión que plantea Garzón está el manejo de los fondos reservados. Según dijeron a esta agencia antiguos responsables de Interior, Juan de Justo no pudo hacer entrega de esas cantidades de fondos reservados porque "no tenía firma autorizada en el Banco de España hasta el año 1992, mucho después de que ocurrieran los hechos.