GAL. EL JUEZ PROCESA Y ENCARCELA A ELGORRIAGA DESPUES DE CONSTATAR GRAVES CONTRADICCIONES ENTRE LOS TESTIGOS DE SU DEFENSA
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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño procesó hoy al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga -al que también hoy envió a la cárcel madrileña de Sot del Real- y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
Elgorriaga está acusado de facilitar el palacio de La Cumbre, en San Sebastián, donde estuvieron detenidos Lasa y Zabala; de ver que eran torturados y consentirlo, y de no impedir que finalmente las víctimas fueran asesinadas. Gómez de Liaño ha accedido a las peticiones del fiscal y la acusación popular, y ha decretado prisión inondicional comunicada para el ex gobernador civil.
Por su parte, Vera está procesado por encubrimiento; tanto por "ocultar, alterar o inutilizar efectos o instrumentos de los delitos" como por ayudar a sus presuntos responsables a eludir las investigaciones de las autoridades. Asimismo, el magistrado impone a Elgorriaga una fianza de 100 millones de pesetas y a Vera, de 15.
De esta manera, Vera y Elgorriaga se suman a las cinco personas que ya estaban procesadas por el secuestro, torturas y asesiato de los dos refugiados vascos en octubre de 1983: los guardias Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, el teniente Pedro Gómez Nieto, el general Enrique Rodríguez Galindo, todos miembros de la Guardia Civil, y el abogado Jorge Argote Alarcón.
El juez señala como "inveraces" los testimonios de los guardias civiles Fidel del Hoyo, Angel Vaquero y el coronel Cándido Acedo. Por el contrario, considera ciertas las declaraciones de los policías Angel López Carrillo, Julio Vázquez Aira, Rafael Barraco y tres testigos protegidos más.
LOPEZ CARRILLO
Según el auto, la noche en que Dorado, Bayo y dos agentes más de la Guardia Civil secuestraron a Lasa y Zabala en Bayona (Francia), el general Galindo recibió la noticia cuando viajaba en el coche de Elgorriaga en compañía de López Carrillo, que ha testificado en contra de los dos primeros.
Gómez de Liaño desgrana las razones por las que no toma en consideración a los testigos de la defensa (Acedo, Del Hoyo y Vaquero). Según los mismos, la mencinada noche Galindo y Elgorriaga volvían de Aretxabaleta (Guipúzcoa), donde había muerto un guardia en atentado, pero en el coche, junto a ambos, no viajaba López Carrillo, sino el coronel Acedo.
En su declaración ante el juez, Acedo recuerda un cúmulo de detalles, pero lo único que recuerda del vehículo en que viajaba con el gobernador civil y el jefe del cuartel de Intxaurrondo es que era espacioso (era un Ford Granada blindado, el coche oficial de Elgorriaga).
Su versión es contradictoria con l del guardia Del Hoyo, también testigo de la defensa, según la cual éste llevó a Elgorriaga al lugar del atentado y al hospital de Mondragón -"cosa que ni el propio Elgorriaga ha declarado nunca-" y que Galindo y Acedo también estuvieron allí, aunque cree que llegaron antes.
Acedo, por el contrario, dice que coincide con el gobernador civil en Oñate, no en Mondragón ni en el lugar del atentado. "Si nos fijamos bien en los itinerarios marcados por los testigos Del Hoyo y Acedo, hay varios momentos en ls que el vehículo oficial del Gobierno Civil hace sus desplazamientos sin conductor", señala el juez.
DORADO, UBICUO
Además, según Del Hoyo, Dorado Villalobos se encontraba en el lugar del atentado de Aretxabaleta aquella noche, vestido de paisano. Sin embargo, el atestado de la Guardia Civil no refleja que Del Hoyo estuviera allí e interviniera en la apertura de diligencias, como él asegura.
Por su parte, Cándido Acedo, pese a conocer a Dorado desde 1981 o 1982, manifestó que no recordaba que stuviese en el lugar del atentado. Gómez de Liaño concluye que está acreditado que Dorado se encontraba en Bayona.
El magistrado señala en el auto como muestra de la "muy escasa fiabilidad" de esas manifestaciones la "tozuda negativa" de Acedo, Del Hoyo y Vaquero a reconocer que casi todos los componentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que desempeñaron misiones antiterroristas entre 1982 y 1985 tenían apodos.
"En fin, es posible que faltar a la verdad sea un riesgo permanente", agumenta Gómez de Liaño en el auto de procesamiento. "Ahora bien, hacerlo bajo juramento o promesa ante un Tribunal de Justicia y de forma sistemática es todo un atentado a la dignidad propia y ajena".
Respecto a Rafael Vera, el juez basa sus imputaciones en las manifestaciones del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán los pasados 6 de mayo y 10 de junio. Según Roldán, Vera, en combinación con el letrado Argote, hizo todo lo posible para que Dorado y Bayo, presuntos autores materiales delasesinato de Lasa y Zabala, no revelaran los hechos cometidos ni descubriesen los nombres de los responsables.
CALLAR A BAYO
Así interpreta el juez que el ex secretario de Estado para la Seguridad pagase con fondos reservados a Bayo un curso de piloto de aviación en Estados Unidos con un coste aproximado de seis millones de pesetas; que le facilitase, encomendándoselo a Roldán, todos los medios necesarios para su tratamiento psiquiátrico, y que Roldán le entregara dos millones de pesetas, por orden e Vera, procedentes del presupuesto de Acción Social de la Guardia Civil, que se nutría de fondos de la Imprenta de la Asociación de Huérfanos del Benemérito Instituto.
Gómez de Liaño tampoco olvida que, como el riesgo de delación continuaba, Argote propuso a Vera eliminar físicamente a Felipe Bayo, lo que el ex secretario de Estado para la Seguridad trasladó a Roldán y éste, a su vez, al ex ministro José Luis Corcuera, quien le dice que se quede tranquilo.
El juez, ante la postura de ElgorriagaVera de negar los hechos, hace una reflexión sobre la credibilidad de Roldán después del careo celebrado entre ambos el pasado 27 de mayo. Según Gómez de Liaño, "Vera se ha limitado a negar, pero sin ofrecer datos, mientras que Luis Roldán ha hecho afirmaciones que han tenido el necesario contraste y han ofrecido evidencias materiales".
Y el juez señala como ejemplo que Roldán afirmó que se había repartido un lote de unas 300 pistolas Sig-Sauer entre altos cargos de Interior, para añadir a continuacin que la pistola retirada a Elgorriaga el pasado 4 de junio era una Sig-Sauer.
Además, los testimonios del general Félix Pérez Navas y del ex jefe de la Secretaría del director general de la Guardia Civil Manuel Fuentes Cabrera "concuerdan armónicamente con lo manifestado por Roldán", señala el magistrado.
(SERVIMEDIA)
19 Jun 1996
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