Moreno, que en enero había admitido la querella, acepta ahora sin embargo un recurso de reforma interpuesto por la fiscal del caso, María Dolores Márquez, contra su aceptación.

La fiscal consideró que antes de admitir a trámite la querella, el juez debía esperar a que el magistrado Baltasar Garzón concluyese su investigación sobre los GAL para saber si las imputaciones de Amedo sn ciertas, en cuyo caso no constituirían delito.

En un auto dictado hoy, el juez Moreno indica que, dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la querella, unos cinco meses, es preciso estudiar de nuevo los hechos que motivaron que acordase admitirla a trámite el 19 de enero pasado.

Así, señala que desde entonces se han producido una serie de acontecimientos "como son la adopción de determinadas medidas no sólo personales sino imputaciones formales a través del correspondiente auto de rocesamiento" dictado por el juez Garzón en relación con el 'caso GAL' "contra determinadas personas dependientes, relacionadas, próximas o afines a responsabilidades de Gobierno".

Moreno indica que, mientras que en enero consideró que en las declaraciones de Amedo concurrían todos los requisitos necesarios para constituir un delito de calumnias, afirma que ahora es preciso determinar si el ex policía imputó dichos hechos al Gobierno a sabiendas de la falsedad de tal imputación y con el ánimo de difamr.

En este sentido, afirma que el auto de procesamiento dictado por Garzón por el 'caso GAL' constituye una imputación formal "contra determinadas personas dependientes, relacionadas, próximas o afines a responsabilidades de Gobierno".

ALTO ORGANISMO

Agrega que, sin embargo, esas acusaciones, no pueden suponer la atribución por parte de Amedo de tales hechos delictivos al Gobierno como alto organismo de la nación, sino a personas que "de alguna forma integran el aparato de Gobierno del Estado yque de alguna manera muy próxima participan en las tareas de éste por la importancia y trascendencia de sus responsabilidades".

Por ello, entiende que no concurre el primer requisito exigido para la existencia de este delito de calumnia "al no considerar al Gobierno, en los términos citados, destinatario de la imputación y, por ende, decaería o cuando menos resulta difícilmente sostenible la existencia de 'dolo específico de difamar'".

Moreno precisa que no procede que él haga una valoración acera de la veracidad o falsedad de los hechos delictivos imputados por Amedo, ya que corresponde al juez Garzón, pero insiste en que "no deben considerarse imputados al Gobierno de la nación, entendido como alto organismo en los términos antedichos, sino que en razón a las imputaciones que se formulan respecto de personas próximas a las responsabilidades de Gobierno y que, en algún supuesto, constituyen órganos superiores de departamentos ministeriales, se otorga determinado tratamiento periodístico a aquélla".

Así, aunque dice que Amedo no incurrió en el delito de injurias contra el Gobierno, no descarta la existencia de otro delito que el Ejecutivo imputó al ex policía, el de desacato.

Sin embargo, señala que no puede valorar su existencia, dado que el conocimiento de ese delito por su juzgado sólo podría producirse por su relación con el otro delito de injurias contra altos organismos de la nación, que es competencia de la Audiencia Nacional, pero que en este caso no ocurre. No obstante, deja abieta la puerta a que el Gobierno ejercite las acciones legales oportunas ante el órgano judical competente.

El Gobierno interpuso la querella contra Amedo a principios de este año después de que fueran difundidas por un medio de comunicación unas declaraciones en las que el ex policía atribuía al Gobierno la financiación y organización de los GAL. La investigación de los hechos denunciados se vió interrumpida en numerosas ocasiones debido a la interposición de varios recursos por parte de la fiscal conta las actuaciones del magistrado, quien finalmente hoy acordó rechazarla.