En una escueta providencia, el magistrado señala que "no ha lugar a la práctica de las diligencias solicitadas" por la representación de Planchuelo, aunque precisa que su negativa es "sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción que se viene realizando".

El juz basa su resolución en el informe que le remitió el fiscal José María Luzón, quien informó en contra de citar a declarar a los ministros del Gobierno de 1983 dado en que las actuaciones no hay imputaciones contra ellos.

En concreto, el representante del ministerio público recordó en su informe que tal como señaló en otro escrito del pasado 7 de noviembre, "sólo existe en cuanto al sr. Serra", que en 1983 era ministro de Defensa, "meras suposiciones e hipotéticos juicios de inferencia, con valor puramnte personal y totalmente insuficientes".

Agrega que, además, en las actuaciones no hay imputaciones a otros ministros, "a parte del sr. Barrionuevo, respecto al cual se ha concedido el suplicatorio".

"En consecuencia", añade, "sin perjuicio de lo que de la instrucción pendiente pueda resultar, no procede realizar diligencias que no se proponen expresamente en el referido escrito de 28-11-1995, respecto a otros sres. ministros, por otra parte obligados a guardar secreto de las deliberaciones del onsejo".

José Anibal Alvarez, abogado de Planchuelo, pidió el pasado 29 de noviembre al juez Moner que citase a declarar en condición de testigos a todos los ministros del Gobierno de 1983 con el fin de averiguar el grado de conocimiento que tuvieron sobre los GAL.

El letrado argumentó su petición en que, de todo lo instruído en la causa y de las declaraciones prestadas por divesros procesados, "se desprende de una forma clara e inequívoca que tanto el excmo. sr. presidente del Gobierno como el ecmo. sr. ministro de Defensa fueron puntualmente informados de las acciones violentas que los GAL iban a realizar contra posibles miembros de ETA en el sur de Francia, siendo utilizados a tal efecto miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y sicarios".

Por ello, en su opinión, las decisiones de utilizar miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, contratación de sicarios y utilización de fondos reservados, "debieron ser adoptadas en el seno del Consejo de Ministros, habida cuenta de la imprtancia y repercusión que tales decisiones pudieron tener en la vida nacional".