Será la primera reunión de los 11 jueces después de que trascendieran a los medios de comunicación las decisiones de la última semana de deliberaciones, en las que supuestamente se votó la sentencia y se cifró en 13 años la condena para José Barrionuevo y Rafael Vera.

No obstante, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, José Jiménez Villarejo, en una nota hecha pública el pasado viernes, rechazó ue la sentencia esté ya realizada y mucho menos que se hayan fijado las penas para los supuestos condenados.

Para las primeras horas de mañana se espera que llegue al Supremo el instructor del "caso Marey", Joaquín Delgado quien, desde el pasado miércoles por la tarde, permanece recluído en su domicilio escribiendo el borrador de la sentencia.

Delgado aportará a todos sus compañeros el primer intento de transcribir en papel los acuerdos tomados en las cinco reuniones que han mantenido los 11 juecs, para que éstos lo estudien y puedan hacer sus valoraciones, apuntes o votos particulares, en caso de que su posición no se vea claramente reflejada en la sentencia.

CONCURSO MEDIAL

Respecto a la fijación de la penas por los delitos de detención ilegal y malversación de caudales públicos, todos los datos apuntan a que la pena de prisión para Barrionuevo y Vera será inferior a los 13 años.

De hecho, fuentes del Alto Tribunal consultadas por esta agencia señalaron que en la reunión de mañana sedebatirá la aplicación de la penas a los delitos. Aquí aparece la figura del "concurso medial" entre los delitos de malversación de fondos y detención ilegal.

Algunos magistrados, a la cabeza de los cuales se sitúa Gregorio García Ancos, han apostado por la idea de que el delito de detención ilegal no podría haberse realizado sin que existiera la malversación de fondos. Es decir, un delito es el medio para conseguir el otro.

A esta teoría se apuntan, según ha podido saber esta agencia, al menos oros cuatro magistrados, por lo que ya son cinco los que pueden optar por aplicar este beneficio, regulado por el artículo 77.1 del nuevo Código Penal.

De acuerdo con este precepto, la pena a imponer sería la del delito más grave "en su mitad superior", lo que nos conduciría a una pena de prisión de entre 8 y 10 años.