En opinión de Madrazo, "el Ejecutivo socialista está definitivamente manchado por la sangre de los veintiséis asesinatos cometidos por una banda terrorista gestada en las alcantarillas del Ministerio de Interior, con el respaldo directo de unos y el beneplácito y el silencio cómplice de otros".

El portavoz de IU emlazó al presidente González a "presentar su dimisión inmediata por el bien de la democracia y el Estado de derecho", al tiempo que solicitó al ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, "su colaboración plena para el esclarecimiento de la trama GAL, poniendo al servicio de Baltasar Garzón la información que éste requiera, aunque sea relativa al uso de los fondos reservados".

Según Madrazo, "la detención de Vera obliga a un giro radical en la estrategia de los socialistas, que ya no pueden sconder su culpa y responsabilidad en el llamado terrorismo de Estado". "Ha llegado el momento de que cada uno asuma su papel y encare la verdad con valentía y dignidad, en lugar de escudarse tras un cúmulo de mentiras, medias verdades y frases del tipo 'yo no sabía nada' o 'nunca pude imaginar lo que ocurría en Interior'".

Madrazo considera que "Felipe González no podrá dormir tranquilo tras la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el sumario GAL y encarcelar a Vera. De todos modos, aún quedanmuchas sorpresas por desvelar y también graves e importantes responsabilidades políticas que terminarán por conocerse".

El líder de IU insistió en la necesidad de constituir una comisión de investigación en la Cámara vasca, "que no puede persistir en su empeño por ocultar a la sociedad el debate sobre un asunto de interés general y las implicaciones más que evidentes que se derivan de la vinculación del Estado con la guerra sucia contra ETA".

"El PNV, el PP y UA no pueden convertirse en cómplicesde los socialistas en el silenciamiento del caso GAL", dijo Madrazo, por lo que les pidió que reconsideren su posición "y respalden la creación de una comisión especial en Euskadi, dadas las pruebas irrefutables que apuntan a muy altas instancias políticas como inductoras últimas de las acciones cometidas por mercenarios pagados con dinero público".