En enero de 1984, una persona que dijo pertenecer a los GAL llamó por teléfono a una radio alicantina y atribuyó a ese grupo la autoría del secuestro y la ejecuciónde Lasa y Zabala. El comunicante dijo que los presuntos miembros de ETA habían pedido un sacerdote antes de morir y añadió que no les concedieron el deseo porque no se lo merecían.

Para el agustino Rafael del Olmo, "el acceso a un sacerdote en la hora de la muerte constituye un derecho fundamental para cualquier persona". Según Del Olmo, las personas que negaron ese derecho a Lasa y Zabala cometieron así "una crueldad más, esta de tipo moral, porque lo que pedían era poder reconciliarse con Dios".

Los sacerdotes consultados consideran que en ningún caso existe justificación para privar a una persona "de algo tan elemental como es pedir un sacerdote antes de morir".