Esta causa fue reabierta por Gómez de Liaño hace unos meses como consecuencia de las declaraciones prestadas por el ex aente de Intxaurrondo José María Velázquez Soriano el pasado 19 de febrero.

Velázquez Soriano, que es testigo protegido en el 'caso Lasa y Zabala', implicó en dicha acción a algunas personas relacionadas con el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, entre las que citó, al parecer, a Rodríguez Galindo, al teniente Lorenzo Bárez, a Gumersindo Hernández y al empresario Víctor Navascués, a quienes acusó de ser los inductores de ese atentado.

Navascués, un industrial afincado en Irún con vinculacones ultraderechistas, ya fue juzgado como inductor de este asesinato, pero resultó absuelto. Sin embargo, en 1985 fueron condenados por esta acción los ultraderechistas Daniel Fernández Aceña y Mariano Moraleda Muñoz.

En una entrevista concedida a Tele 5 el pasado mes de octubre, Fernández Aceña aseguró que la orden para atentar contra Leyba se la dio un guardia civil y agregó que fue reclutado como confidente de los servicios antiterroristas del cuartel de Intxaurrondo por un agente denominado "Andrs".

Además de esta declaración, el magistrado también ha citado para el miércoles a dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía que estuvieron destinados en aquellas fechas en la comisaría de Irún y que, al parecer, hicieron algunas diligencias sobre estos hechos.