Tras la presentación de este escrito, la Sección Primera de la Sala de lo Penal deberá resolver si la citación de Aranda es improcedente, tal como sostuvo el fiscal jefe, quien considera que no podía testificar en el 'caso Lasa y Zabaa' al ser parte en la causa debido a su condición de máximo responsable del ministerio público en la Audiencia Nacional.

En sus alegaciones, Gómez de Liaño explica a la sala, que suspendió cautelarmente la declaración de Aranda, la conveniencia de esta diligencia, previsiblemente en el mismo sentido que ya expuso en el auto que dictó la pasada semana manteniendo la citación del fiscal jefe.

En dicho auto, Gómez de Liaño afirmó que la citación de Aranda no era incompatible con su condición de part como fiscal en el proceso dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la declaración de los fiscales como testigos.

Asímismo explicó que las diligencias que ha practicado sobre las conversaciones mantenidas por el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado Iñigo Iruín, en las que se incluye la declaración de Aranda, tienen la finalidad de investigar parte de una información publicada por el diario "El País" el pasado día 11 de noviembre. En esa información se aseguraba que la Inspección Fiscal ha etectado contactos fluídos entre el fiscal y el abogado y que sus conversaciones habrían sido grabadas.

El juez señaló que ante esa información "se hizo lo que la ley dispone que se haga: practicar actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los delitos investigados para cumplir con esa obligación de cuidado que impone la ley a los jueces de consignar en el procedimiento todos los elementos así adversos como favorables a los preuntos reos".

Agregó, además, que con sus investigaciones pretende "despejar la niebla extendida sobre una institución de tanto respeto como el ministerio fiscal -nutrido, no se olvide, del prestigio de muchos de sus miembros- , salir al paso del riesgo que puede significar para el proceso el que un día alguien invoque una nulidad de actuaciones por irregularidades o ilicitudes en la obtención de elementos de prueba, con vulneración de algún derecho fundamental".