Para ello, dictó hoy un auto por el que acuerda elevar al presidente del Congreso, Federico Trillo, a través de los presidentes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, una "cortés y argumentada exposición en solicitud de la oportuna licencia" para que dichos diputados puedan declarar en la causa.

En dicha comparecencia, celebrada el pasado 2 de octubre, el entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, exhibió a los 6 diputados que formaban parte de la comsión las 1.245 fichas del CESID presuntamente sustraídas por el coronel Juan Alberto Perote, en las que podrían figurar los documentos que el magistrado reclama al Ejecutivo.

En su resolución, el juez precisa que ante la negativa del Consejo de Ministros del pasado viernes de no desclasificar los tres documentos del CESID que él reclamaba, es necesario abrir otras "líneas de investigación" en el sumario, sobre el que dice que con esa decisión "tendrá nuevos baches y dificultades".

Sin embargo, seala que como lo que se trata es de cumplir con el deber legalmente impuesto de averiguar y hacer constar la perpetración de los muy graves delitos investigados, "los obstáculos han de ir salvándose", empezando un nuevo proyecto de investigación, procurando el testimonio de los diputados de dicha Comisión de Secretos Oficiales.

Así, decide elevar atenta y razonada exposición a Trillo "interesando gracia, licencia o venia para que, si ello no implica incumplimiento de obligación alguna, referidos parlamntarios puedan declarar y hacerlo sin acudir al llamamiento judicial, pues este juez, si así lo consideran sus señorías, pasaría por sus despachos, previo aviso y señalamiento de día y hora".

En su auto, el magistrado también pide al Gobierno el acuerdo literal del Consejo de Ministros rechazando la desclasificación de los documentos y recoge la "preocupación" del fiscal porque dicha negativa repercuta sobre los elementos incriminatorios existentes en las actuaciones contra determinadas personas y, enconcreto, contra el teniente Pedro Gómez Nieto, cuyo procesamiento se basó en tres documentos de los servicios secretos.

Indica que quizá no le falte fundamento al fiscal "que justifique su estado de inquietud, si lo que piensa es que algunos culpables de los delitos que procuran esclarecerse, a partir de hoy, podrán contar con la confianza y hasta con la fuerza de un inmerecido silencio que les arropa".

GALINDO

Por otra parte, el juez decide en su auto adoptar determinadas medidas para que el eneral Enrique Rodríguez Galindo, en libertad desde el pasado viernes por orden de la Audiencia Nacional "pueda obstruir la instrucción, dificultando o/e impidiendo la práctica efectiva de determinadas diligencias".

En concreto, además de otras medidas que adoptará dentro de la parte del sumario que se encuentra secreta relativa a supuestas falsas identidades de Rodríguez Galindo, acuerda que el general sea vigilado por la Policía Judicial, que deberá informar diariamente al juzgado sobre el resultadode las observaciones, y le prohibe comunicar con los cuatro procesados en la causa que se encuentran actualmente presos.

Asímismo, el juez hace una crítica de la resolución por la que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso en libertad a Rodríguez Galindo, respecto a la que dice que da la impresión de que se ha pronunciado no sobre una decisión, la de la prisión, y sí sobre la situación de la causa, lo que no es su cometido.

Además, afirma que "ha llamado la atencin" la decisión de la sala de no acumular los recursos contra los autos de prisión con los del procesamiento, a pesar de que existen precedentes, e insiste en que con la excarcelación de Rodríguez Galindo "es altamente probable" que las diligencias secretas que está practicando estén precipitadas al fracaso, como son la investigación de identidades supuestas del general o la búsqueda de determinadas firmas.

Destaca que el estado de las investigaciones aconsejaban la prisión de Rodríguez Galindo "y que,por tanto, no era -según tenor literal del auto de la sala- un invento teórico o dogmático, sino que respondía a una realidad: a algo tan concreto como a toda una extensa área de actividad que sigue estando a su alcance -del procesado- con amplias posiblidades de hacer desaparecer rastros delictivos que se persiguen y de los que, lo más seguro, sólo sepa el ahora liberado".

Finalmente, expresa su preocupación sobre la posición de la Fiscalía apoyando la libertad de Rodríguez Galindo durante la vista d su recurso y afirma que la actitud de los mandantes "parece tan poco congruente como escasamente responsable", dado que si el 26 de julio dieron órdenes en ese sentido, deberían haber pedido ese mismo día al juzgado la libertad del general, y no haber esperado hasta la vista del recurso de apelación, celebrada días después.