Según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas, la defensa de Sáenz de Santamaría solicita al juez en su recurso, fundamentalmente, que levante el secreto del sumario, con el fin de tener acceso a las imputaciones que figuran contra el general en la causa y, por tanto, poder ejercer el derecho de defensa.

Argumenta que, tal como está el pocedimiento en la actualidad, es muy difícil garantizar el derecho de defensa y el de igualdad de armas en el proceso, ya que al estar declarado secreto el sumario desconoce las imputaciones concretas que existen contra el general.

Por ello, la defensa de Sáenz de Santamaría no entra en el fondo de las imputaciones, dado que las desconoce y, por tanto, no puede recurrirlas y solicita al magistrado que le permita acceder a la causa levantando el secreto de las actuaciones en lo que se refiere a su defedido.

En su resolución, el juez Garzón consideró "procedente a la luz de los datos que se van obteniendo y de las declaraciones de varios testigos y coimputados, otorgar la calidad de imputados" a los generales "para garantizar al máximo sus derechos".

El magistrado señaló que su decisión de considerar imputados a los generales facilita la posibilidad de personarse en la causa y ejercitar cuantos derechos concede dicha situación, previniendo de esa forma de situaciones de indefensión.

Garzónadoptó esa decisión tras recibir un informe del fiscal del caso, en el que éste se mostró partidario de la imputación de los generales, al considerar que de la instrucción sumarial practicada existen indicios de participación de Rodríguez Galindo, Casinello y Sáenz de Samtamaría "en las actividades ilegales relacionadas con los grupos GAL".

Según el fiscal, ello se deduce de las declaraciones prestadas en el procedimiento por el ex resposble de la Benemérita Luis Roldán y el coronel Juan Alberto Perot, así como de otros testigos acogidos a la ley de protección de testigos y solicitó su imputación para que pudieran ejercer su derecho de defensa.