Poco después de que el tribunal le notificase su fallo, el juez elevó al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, una exposición "a fin de que traslade al Consejo de Ministros para que éste valore, a la vista de los intereses en juego -la seguridad del Estado- y por lo que se refiere a ete juzgado -la investigación de la verdad material sobre cuatro asesinatos- si desclasifica" determinados documentos del CESID, que ya pidió el pasado 11 de octubre.

En concreto, dichos documentos son el denominado "acta fundacional" de los GAL, del 6 de julio de 1983, del que acompaña copia. El juez señala que, si no aparece entre esa documentación, dé orden al director general del CESID para que indique si existe en alguno de los archivos del centro memorias o microfichas del mencionado documento y i no estuviera, si existió y se ha destruido y, en tal supuesto, si queda el lugar o espacio que ocupó disponible o se ha sustituído por otro.

También solicita la nota de despacho elaborada por el coronel Juan Alberto Perote de fecha 28 de septiembre de 1983 sobre la inminencia de acciones violentas en el sur de Francia "por miembros de la Guardia Civil que actuarían respaldados por la Comandancia de San Sebastián"; otro documento de octubre de 1984 en el que se menciona determinados aspectos de la luha contra el terrorismo y al parecer se habla de represalias a miembros de ETA y otro de noviembre de 1983 que enumera datos sobre la ubicación y datos personales de miembros de ETA militar.

Además, pide "cualquier otro documento o microficha en el que se haya tratado el fenómeno de los GAL con ese u otro nombre y que encajaría en lo que se ha dado en llamar 'guerra sucia contra ETA' o determinados episodios ilegales contra esa organización entre 1983 y 1987 según la relación contenida en el requeriminto hecho al director general del CESID el 27.7.95".

Junto a su exposición, el magistrado remitió al titular de Defensa la documentación que en su día elevó al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción sobre sus peticiones de los documentos del CESID así como testimonio de la sentencia dictada hoy por la sala.

PATENTE DE CORSO

Por otra parte, fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Servimedia criticaron la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dado que, a su uicio, supone una "patente de corso" para el Gobierno ya que deja en sus manos las investigaciones criminales relativas a la seguridad del Estado.

Así, en su opinión, dicha sentencia, que calificaron de política, "confunde la seguridad del Estado con la del Gobierno" y significa un "blindaje" del Ejecutivo frente las investigaciones judiciales sobre la seguridad del Estado, puesto que establece que el Consejo de Ministros tiene la única palabra a la hora de determinar qué documentos e informaciones puden ser facilitados a la justicia, aunque hagan referencia a la comisión de delitos.

Así, de acuerdo con estas fuentes, el fallo es contrario al Estado de Derecho y, además, ha echado por tierra toda la doctrina del Tribunal Supremo.

En este sentido, recordaron una sentencia del Alto Tribunal dictada el pasado mes de febrero, en la que la Sala Segunda decretó, en relación a los fondos reservados, que la existencia de dichos fondos puede tener cobertura constitucional pero precisó que "en manera aguna tal secreto puede ser obstáculo para la investigación de un tipo delictivo concreto"

El Tribunal Supremo señaló, además, que "entender lo contrario sería, si no su fin, un grave atentado contra la existencia misma del Estado de Derecho y el valor superior de la Justicia" y agregó que "revelar a la autoridad judicial que investiga la posible comisión de un delito de uso concreto de los fondos reservados no integra delito alguno y es una obligación del funcionario no implicado".

Para estas fuetes, a la vista de que dichos documentos hacen referencia a la comisión de delitos, el ministro de Defensa debería haberlos denunciado y entregado a la justicia, por lo que, agregaron, el Consejo de Ministros deberá desclasificarlos con la máxima celeridad para que puedan se objeto de la investigación criminal.

Estas fuentes rechazaron, por otra parte, que con sus requerimientos a Defensa solicitando los documentos del CESID el juez Garzón haya invadido las competencias de la administración y precisarn que, ante las negativas de ese departamento a facilitarlos, el magistrado estuvo obligado a hacer los apercibimientos al ministro de que podría incurrir en un delito, dado que así lo establece la ley.

Añadieron que ya que la sentencia precisa que el magistrado invadió las competencias de la administración con sus requerimientos, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción deberá precisar si el instructor cometió con ello algún tipo de delito.