Además, el magistrado tomará declaración el próximo lunes, también como imputado en la misma causa, al teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría, aunque por el momento todavía no ha señalado fecha para la comparecencia del general Enrique Rodríguez Galindo, que probablemente también se producirá la próxima semana.

La citación de Cassinello, al que Garzón consideró imputado en la causaen un auto que dictó el pasado día 7, se produce sin que el magistrado haya resuelto la petición que le formuló la defensa del general para que dejase de seguir investigando el 'caso Oñaederra' y lo remitiese a otro juzgado de la Audiencia Nacional.

En concreto, el abogado de Cassinello, Antonio Bernal, solicitó a Garzón el pasado martes que declinase la investigación de la causa a favor del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por haber iniciado éste unas diligencias relaconadas con dicho sumario con anterioridad.

Tras recibir este escrito, el magistrado dió traslado de la petición de Cassinello al fiscal del caso, quien deberá pronunciarse al respecto, lo que todavía no ha hecho. Una vez que reciba el dictamen del representante del ministerio público, el juez Garzón dispondrá de dos días para resolver la petición del general.

El juez Garzón acordó imputar a los tres generales en el 'caso Oñaederra', por el que investiga cuatro asesinatos atribuídos a los GAL, tra recibir un informe en el que el fiscal del caso apoyaba esa medida.

El fiscal señaló en su dictamen, de fecha del pasado día 3, que "de la instrucción sumarial practicada hasta el momento existen indicios de participación" de los tres generales "en las actividades ilegales relacionadas con los grupos GAL".

Según el fiscal, esto se deduce de las declaraciones que prestaron en el procedimiento como imputados el coronel Juan Alberto Perote, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, as como "otros testigos que se han acogido a la ley de protección de testigos", por lo que, a su juicio, era conveniente que se les tuviera como imputados a fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa.

En su resolución, el magistrado señaló que tal como solicitó el fiscal "es procedente a la luz de los datos que se van obteniendo y de las declaraciones de varios testigos y coimputados, otorgar la calidad de imputados para garantizar al máximo sus derechos".

El juez Garzón indicó que su decisin de considerar imputados a los generales, "facilita la posiblidad de personarse a los precitados y ejercitar cuantos derechos concede dicha situación, perviniendo de esa forma de situaciones de indefensión".

Dentro del sumario del 'caso Oñaederra", el magistrado trata de determinar hechos y delitos "cuya ejecución se enmarca presuntamente en la órbita de actuación de determinadas autoridades y funcionarios dentro del Ministerio del Interior, Guardia Civil, CESID y personas particulares integradas en a organización terrorista GAL o en colaboración con la misma en lo que se puede denominar 'guerra sucia contra ETA' a partir de 1983".

Asímismo, también investiga dentro de esta causa las "actividades conexas con las anteriores y que integran presunta colaboración con banda armada, encubrimiento y otros hechos que han aparecido posteriormente, tales como presuntos delitos de malversación de caudales públicos, proposición para el asesinato, tentativa de asesinato y depósito de armas y tenencia de exploivos, entre otros".

En concreto, el juez investiga el asesinato de Ramón Oñaederra, el primero de los GAL, ocurrido en Bayona (Francia) el 19 de diciembre de 1983; el asesinato de Angel Gurmindo y Vicente Perurena, cometidos en Hendaya (Francia) el 8 de febrero de 1984 y el asesinato de Christian Olazcoaga y el asesinato frustrado de su hermano Claude, perpetrado en Biriatou el 18 de diciembre de 1984, sobre lo que está pendiente de recibir una documentación de la justicia francesa.