De acuerdo con estas fuentes, esta suspensión se debe a que el Ministerio de Defensa, a quien Garzón había pedido que le facilitara el nombre de esa persona, le ha respondido que no puede revelar esa información.

Garzón había citado al secretario de Perote con el fin de preguntarle sobre el sistema de microfimación de los documentos de los servicios de inteligencia. El magistrado, que instruye el 'caso Oñaederra', trata de determinar si la anotación "PTE para el viernes" se corresponde con la hoja de despacho que alertaba del inicio de acciones en el sur de Francia, sobre lo que el pasado día 20 tomó declaración a Perote y al ex director del CESID Emilio Alonso Manglano.

En relación a esta cuestión, el magistrado ha pedido además al Ministerio de Defensa que le informe, "respetando las normas que afectenla clasificación de asuntos" en el CESID, sobre las normas existentes sobre microfilmación de documentos y papeles en 1983 y 1984 en el centro, según indica en una providencia notificada ayer a las partes.

En concreto, quiere que le diga si existía obligación legal de microfilmar todos y cada uno de los documentos, datos y papeles que se produjeran en el centro por cualquier de los organismos, y los documentos, datos, elementos o papeles que se recibieran de las fuentes externas.

En caso positiv, el magistrado pregunta si era la Sección de Documentación del CESID la encargada de hacer la microfilmación y si esa competencia era exclusiva o, si por el contrario, el coronel Perote tenía capacidad de decisión sobre el material que se microfilmaba y que afectara a la AOME o a sus notas de despacho.

También solicita a Serra información sobre si las notas de despacho de Perote se microfilmaban todas o el coronel tenía discrecionalidad para microfilmar dichos documentos.

Además, también pide daos sobre si la microfilmación se hacía al revés, si el número de asunto de la hoja de despacho tiene que corresponderse con el orden de microfilmación y si existe el texto manuscrito del Manual de Descriptores de Destinos que se utilizaba en el CESID hasta que en 1984 se comenzó a informatizar.

En este sentido, pide a Serra que en caso de que exista dicho texto le facilite un ejemplar o los apartados necesarios que acrediten su existencia y la identificación del descriptor Pg-j que, al parecer, era utlizado para referirse al presidente del Gobierno.

En la resolución, el magistrado también insta a la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior a que, "previas las indagaciones que correspondan", le informe antes del 6 de julio si además de la ocasión del asesinato de Juan Carlos García Goena, "se utilizó el anagrama de los GAL o cualquier otro para reivindicar alguna otra acción ejecutada por esa organización. O por el contrario las reivindicaciones sólo fueron escritas o verbles, pero sin anagrama".