La reapertura del 'caso Amedo' fue solicitada por Garzón el pasado 31 de enero al tribunal que condenó en 1991 a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez a más de 108 años de cárcel como autores de seis delitos de asesinato frustrado, uno de lesiones, asociación de malhechores, uso de nombre supuesto y falsificación de DNI.

El magistrado, cya petición fue respaldada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, alegó haber obtenido nuevos datos de la instrucción del 'caso Marey' que apuntan a la posible financiación de los GAL a través los fondos reservados.

Durante la instrucción del 'caso Amedo', el Ministerio del Interior se negó reiteradamente a facilitar información al juez Garzón del uso de los fondos reservados, alegando su carácter secreto.

Sin embargo, en un reciente auto por el que fue rechazada una querella de Rafael Vera cotra el magistrado, el Tribunal Supremo afirma que es una obligación de los funcionarios facilitar información sobre los fondos reservados si son destinados a fines ilícitos.