Garzón elevó esta solicitud el pasado día 31 de enero a la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tas haber obtenido nuevos datos de la instrucción del 'caso Marey' que apuntan a la posible financiación de los GAL mediante los fondos reservados.

En concreto, los nuevos elementos sobre la financiación de los GAL proceden de las declaraciones efectuadas ante el juez por los ex policías Amedo y Domínguez, quienes desvelaron haber recibido 200 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados con el fin de mantener su silencio sobre las acciones de los GAL y, en concreto, sobre el secuestro de Sgundo Marey.

Por este motivo, se encuentran en prisión desde el pasado mes de diciembre el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo y el comisario Francisco Alvarez, acusados de los delitos de tentativa de asesinato, detención ilegal y malversación de fondos públicos. Por su parte, los policías Julio Hierro y Francico Saiz Oceja fueron puestos en libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas.

Posteriorente, el juez Garzón ordenó en enero el ingreso en prisión del ex secretario personal de Rafael Vera, Juan de Justo, acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, delito contra la ley de control de cambios y como encubridor del secuestro y tentiva de asesinato de Marey. Además, está previsto que Vera preste declaración ante el magistrado esta semana en calidad de imputado de esos presuntos delitos y no se descarta que el juez ordene su ingreso en prisión.

VISTO BUENO

La petición del jez, que ayer retomó el 'caso Marey' tras la desestimación de las recusaciones de Rafael Vera, contó con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que volvió a pronunciarse a favor de la reapertura en un informe elevado ayer a la Sala a requerimiento de ésta.

En concreto, el fiscal Ignacio Gordillo, quien inicialmente se encargó del 'caso Amedo', pide al tribunal que juzgó a los ex policías "que tras dejar sin efecto el auto de conclusión de sumario, procede remitir el mismo al juzgado cetral de instrucción número 5 con el fin de que el instructor practique las diligencias que estime oportunas ante la aparición de nuevos elementos de investigación".

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, señaló hoy, sobre la reapertura de este sumario, que "hubo un cambio de impresiones sobre la posibilidad de esa reapertura y se consideró que podía ser una posibilidad procesal, dados los datos y los elementos que se habían incorporado a otras diligencias que estaban en trámite", en referenciaal "caso Marey".

Tanto Granados como fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por Servimedia restaron importancia a la reapertura del sumario GAL y señalaron que se trata tan sólo de un trámite procesal. Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger no quiso pronunciarse al respecto, alegando que se trata de un asunto jurisdiccional cuya competencia corresponde al juez Garzón.

Fuentes judiciales anunciaron que será mañana cuando la Sala responda a la petiión de Garzón, previsiblemente accediendo a su solicitud. De este modo, el sumario del 'caso Amedo', que consta de varios volúmenes y miles de folios, regresará al juzgado de Garzón, que fue quien instruyó la causa hace ahora 7 años.

En la sentencia por la que fueron condenados a más de 108 años de cárcel Amedo y Domínguez en septiembre de 1991, el tribunal afirmó que no era posible determinar la estructura interna ni la financiación de los GAL, a los que consideró como una asociación de malhechores yno como una banda terrorista.

CONDENADOS

El tribunal, que juzgó a los ex policías durante los meses de junio y julio de ese año, consideró probada la intervención de éstos como inductores en los atentados contra los bares "Batzoki" en Bayona, y "Consolation", en San Juan de Luz, cometidos en febrero de 1986 y en los que resultaron heridas un total de 7 personas.

Por ello, les consideró autores de seis delitos de asesinato frustrado y uno de lesiones, asociación de malhechores, uso de nombre supesto y falsificación de DNI. Sin embargo, fueron absueltos del asesinato del refugiado Juan Carlos García Goena en julio de 1987 en Hendaya, de las acusaciones de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y malversación de fondos públicos.

Sobre la implicación del Estado en los atentados de los GAL, la sentencia negó que existiera base probatoria para anular el juicio ante la negativa del Ministerio del Interior a facilitar información sobre los fondos reservados.

Posteriormente, el Tribnal Supremo ratificó esta sentencia pero declaró al Estado como responsable civil subsidiario, ya que estimó que los ex policías "actuaron bajo la dependencia de sus superiores y al servicio de un mandato gubernativo por razón de su cargo".

Fuentes judiciales consultadas por Servimedia explicaron que en ningún caso Amedo y Domínguez podrían volver a ser procesados por los delitos por los que fueron acusados en esa causa, aunque hayan sido absueltos de algunos de ellos.

Sin embargo, afirmaron que l juez Garzón sí podría atribuir nuevos delitos a los ex policías, lo que parece poco probable, e incluir en el sumario como imputados a personas que en su día no fueron implicadas en el 'caso Amedo'.