Según informaron fuentes judiciales, de este modo Garzón pretende conocer si el ministerio público considera la grabación como prueba válida en el 'caso GAL' o, por el contrario, estima que vulnera la legalidad y por tanto no puede ser tenida en cuenta.

En este sentido, mientras que para el abogado de Sancristóbal, José María Stampa Braun, dicha conversación fue grabada ilegalmente por Amedo y la cinta fue manipulada, por lo que no tine ningún valor probatorio, para la acción popular la grabación es una prueba lícita porque no vulnera el derecho a la intimidad amparado por la Constitución.

Dicha conversación tuvo lugar el 21 de noviembre de 1994 en el 'pub' Cóndor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y en ella Sancristóbal supuestamente reconoció que Amedo no era el único que estaba al corriente de las acciones de esa organización, sino que afirmó que "estábamos todos. No se puede quitar ni Vera de enmedio. Ni nadie". El pasado viernes, Amedo se ratificó en el contenido de la cinta, que fue transcrita por orden de Garzón, y explicó las circunstancias en las que realizó la grabación, mediante un micrófono oculto en su cinturón.

Asimismo, señaló que si no entregó la cinta al magistrado hasta 6 meses después de que se hubiera producido la conversación fue porque inicialmente creyó que no se había grabado.

Por el momento, Garzón no ha citado a ninguna otra persona en relación a la grabación de esta conversació, aunque se barajó la posibilidad de que declarase ante el magistrado Sancristóbal e, incluso, que fuese sometido a un careo con Amedo.