El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el Gbierno acordase recientemente desclasificar los documentos del CESID, 12 de los cuales fueron entregados al juez que los había reclamado para sus investigaciones.

Además, en una providencia dictada también hoy, el juez Garzón acuerda citar para el próximo viernes, día 9, al ex secretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea y al ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal, quienes, aunque el juez no precisa si prestarán declaración como imputados, deberán acudir aistidos por sus abogados.

Tanto García Damborenea como Sancristóbal fueron procesados en dentro del 'caso GAL' por el propio juez Garzón cuando éste instruía la causa sobre el secuestro de Segundo Marey, que posteriormente elevó al Tribunal Supremo al aparecer indicios contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo.

Fuentes jurídicas indicaron a Servimedia que las comparecencias de García Damborenea y Sancristóbal ante Garzón podrían estar relacionadas con el denominado 'acta fundacional' delos GAL, que figura entre los documentos del CESID entregados al magistrado.

La existencia de dicho documento fue revelada a Garzón por el ex responsable de los socialistas vizcaínos, quien entregó al juez una copia del mismo el 6 de septiembre de 1995, en una comparecencia que hizo como testigo ante el magistrado dentro del 'caso Oñaederra'.

Al día siguiente, también compareció ante el juez el ex director general de la Seguridad, quien ratificó el contenido del documento entregado por García Damorenea.

Garzón reabrió el 'caso Oñaederra' el 28 de julio de 1995 y desde entonces declaró secretas las actuaciones, aunque posteriormente levantó el sigilo sobre una parte de la causa.

El mantenimiento de la práctica totalidad del sumario bajo secreto provocó que algunos de los imputados recurrieran en múltiples ocasiones, aunque sin éxito, la decisión del juez, llegando, en el caso del general José Antonio Sáenz Santamaría, a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tdavía está pendiente de resolución.

Además de Sáenz de Santamaría, también están imputados en la causa los generales Enrique Rodríguez Galindo y Andrés Cassinello, el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el abogado Jorge Argote, el ex director del CESID Emilio Alonso Manglano, el coronel Juan Alberto Perote, así como varios ex agentes de Intxaurrondo, como Enrique Dorado y Felipe Bayo, ambos, al igual que Rodríguez Galindo y Argote, proesados en el 'caso Lasa y Zabala'.

En el 'caso Oñaederra' el juez Garzón investiga el asesinato de Ramón Oñaederra perpetrado por los GAL el 19 de diciembre de 1983 en Bayona (Francia); los asesinatos de Angel Gurmindo y Vicente Perurena, cometidos en Hendaya (Francia) el 8 de febrero de 1984, y el asesinato de Christian Olazcoaga y el asesinato frustrado de su hermando Claude, perpetrado en Biriatou el 18 de diciembre de 1984.

Además, el magistrado también investiga dentro de esta causa las "actvidades conexas con las anterioes y que integran presunta colaboración con banda armada, encubrimiento y otros hechos que han aparecido posteriormente, tales como presuntos delitos de malversación de caudales públicos, proposición para el asesinato, tentativa de asesinato y depósito de armas y tenencia de explosivos, entre otros", según indicó Garzón en el auto que dictó el 9 de mayo del pasado año imputando en la causa a Rodríguez Galindo, Cassinello y Sáenz de Santamaría.

Entre estos últimos hechos igura el 'caso Menguele', consistente en la supuesta utilización de mendigos como cobayas por parte del CESID, así como el secuestro del grapo Jesús Cela Seoane para obtener información, operación presuntamente organizada por Vera y Corcuera, según declaró al juez el ex responsable de la Guardia Civil Luis Roldán.