En un escueto auto de 5 folios hecho público hoy por la Sala Segunda, ésta decide declararse competente para el conocimiento de dicho proceso, el 1/88, "en cuanto que en él se atribuyen a las personas aforadas referidas con anterioridad hechos presuntamente constitutivos de delito".

El Supremo se refiere en su escrito, aunque sin mencionarlos ni valorar su posible comisión, a los delitos de cooperación en relación con anda armada, detención ilegal y conspiración para el asesinato que el juez Garzón atribuyó a los cuatro aforados en la exposición que elevó el pasado 28 de julio al Alto Tribunal, para que éste decidiese reclamarle la causa al tratarse de personas con fuero o le autorizasen continuar con la instrucción.

En el auto, el tribunal acuerda por ello reclamar al juez Garzón "la urgente remisión del sumario", ordenando al magistrado que notifique dicha decisión al fiscal y a las demás partes personadas en él a sus oportunos efectos".

Fuentes judiciales indicaron hoy que esta orden fue comunicada al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Garzón, pasadas las 12,30 horas de esta mañana mediante un oficio, que iba acompañado de una copia de la resolución de la sala.

Agregaron que, por su parte, el juez Garzón comunicó a su juzgado tras conocer la resolución del Supremo su intención de reincorporarse mañana a la Audiencia Nacional para organizar la remisión del smario a la Sala Segunda, suspendiendo así de nuevo sus vacaciones de verano.

INFORMES

Estos trámites probablemente concluirán a lo largo de la próxima semana, pudiendo recibir entonces el Alto Tribunal el sumario. A partir de ese momento, el fiscal y el resto de las partes personadas en el 'caso GAL', dispondrán de un plazo de 10 días para solicitar lo que consideren conveniente sobre aspectos procedimentales y de fondo de la causa, según dispone el auto.

Será en este trámite donde la fiscalía eberá pronunciarse, entre otros extremos, sobre si aprecia o no indicios de delito en la conducta del presidente del Gobierno y el resto de los aforados y si es partidaria de solicitar a las Cortes el suplicatorio de todos ellos o sólo de alguno para proceder penalmente.

Según ya ha anunciado el fiscal general del Estado, Carlos Granados, para cumplimentar este trámite será convocada la Junta de Fiscales de Sala con el fin de que el dictamen finalmente remitido al Supremo sea consensuado por sus miembos. Granados basa esta decisión en la gravedad y trascendencia del asunto.

Esta resolución del Supremo, que también acuerda mantener el secreto de las actuaciones del 'caso GAL' únicamente en la parte relativa a la supuesta implicación del CESID, fue comunicada hoy a los medios de comunicación por el presidente de la Sala Segunda, Fernando Cotta, quien compareció junto a los otros dos magistrados que conforman el tribunal, José Augusto de Vega y Francisco Soto Nieto.

Cotta, que se limitó a leer e contenido del auto sin contestar a las preguntas de los informadores, apuntó el próximo 4 de septiembre como la fecha en la que los magistrados, que reiniciaron sus interrumpidas vacaciones, retomarán la causa tras recibir los informes de las partes que deberán emitir dentro del plazo de 10 días señalado por el tribunal.

Sin embargo, fuentes judiciales insistieron en que cabe la posibilidad de que dicho plazo se prolongue debido a las numerosas partes a las que hay que notificarles el auto y a que alunas de ellas puedan reclamar copia de la totalidad del sumario antes de pronunciarse sobre el fondo del mismo, como podría ocurrir con el fiscal del Supremo que es distinto al que anteriormente conocía la causa.

Estas fuentes explicaron que para la primera semana de septiembre está prevista la celebración de un pleno de la Sala Segunda que será el encargado de redactar las nuevas normas de reparto que regirán en el tribunal ya que los magistrados no están conformes con las vigentes y pretenden modifiarlas.

SIN PONENTE

Es esta precariedad de las actuales normas de reparto la que ha motivado que el auto dictado hoy por la sala no disponga de magistrado ponente, en contra de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta en su artículo 203 establece que en cada causa debe haber un magistrado ponente "cuya designación se hará en la primera resolución que se dicte en el proceso y se notificará a las partes el nombre", hecho que fuentes judiciales dijeron que es la primera vez que se prouce en la historia del Tribunal Supremo.

Ese primer pleno que fijará las normas de reparto permitirá determinar a qué magistrado corresponderá la instrucción del 'caso GAL', quien será designado entre 9 de los 13 que conforman el pleno de la Sala Segunda, ya que de ellos hay que excluir a los tres que dictaron hoy el auto de admisión de competencia y al juez Marino Barbero, quien ha presentado su renuncia a su plaza de magistrado.

Será al instructor finalmente designado a quien corresponda entoncs, tras estudiar la causa y los informes de las partes, pronunciarse sobre si existen o no indicios de delito contra los aforados, si la causa debe ser archivada o si debe ser solicitado el suplicatorio para proceder penalmente contra los imputados y poder practicar una serie de diligencias, entre ellas citar a declarar al propio presidente del Gobierno.