Esta es la segunda vez que Rolán comparecerá ante el juez Garzón para testificar sobre el 'caso GAL', después de que el magistrado le tomase declaración el pasado 8 de marzo sobre el secuestro de Segundo Marey por parte de esa organización.

Sin embargo, según las citadas fuentes, la declaración de Roldán versará ahora sobre el sumario principal de los GAL, el 1/88, mediante el que Garzón pretende determinar el supuesto uso de fondos reservados para financiar a esa organización criminal.

La anterior comparecencia de Roldán ant el juez se produjo después de que Eduardo Couto, jefe superior de Policía de Pamplona en la época en que fue secuestrado Marey en 1983, afirmase a Garzón que el ex responsable de la Benemérita, que entonces era delegado del Gobierno en Navarra, le ordenó que se abstuviera de detener a uno de los mercenarios de los GAL que había participado en el secuestro.

Además de declarar sobre esos hechos, Roldán afirmó a Garzón entonces que el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ex ministro de Interir José Luis Corcuera cnocían los pagos que efectuaba Rafael Vera, encarcelado por el 'caso GAL', a las esposas de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez.

Según Roldán, pocos días después de la última entrega de 50 millones de pesetas a las esposas de Amedo y Domínguez en Suiza, él mismo le comentó de manera crítica a Corcuera el viaje que había realizado con esa finalidad a Ginebra el teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Yuste y agregó que el ex ministro no se sorprendió de lo que le deca.

El ex responsable de la Benemérita indicó al juez que pocos días después, en uno de los despachos ordinarios con Narcís Serra, entonces ministro de Defensa, le comentó el viaje y las circunstancias.

Roldán aprovechó además esa comparecencia ante Garzón para denunciar el presunto cobro de sobresueldos procedentes de los fondos reservados por parte de la antigua cúpula de Interior y a Serra y al ministro de Defensa, Julián García Vargas, por haber pagado 67 millones de pesetas de los fondos resevados del Cesid por el denominado 'informe Crillón' sobre las actividades de Mario Conde.

La primera de las denuncias está siendo investigada en la actualidad por el juzgado de instrucción número 43 de Madrid, mientras que el Tribunal Supremo instruye una causa por la segunda.