En un informe remitido hoy al magistrado, la fiscal María Dolores Márquez pide al juez Moreno que desestime la querella interpuesta bajo las instrucciones del presidente del Gobierno, Felipe González, "porque la tipicidad y antijuricidad de los hechos que denuncia y en los que se funda, dependen de l decisión judicial que recaiga en el proceso penal" que instruye el juez Baltasar Garzón por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL.

La fiscal explica que dado que el núcleo de la querella del Gobierno está constituído por unas imputaciones realizadas por Amedo al diario "El Mundo" en el marco de un procedimiento penal en marcha, "la solución razonable y jurídica es la de rechazar el ejercicio de cualquier acción que incida en la labor del funcionario judicial que tiene, por razón de su cago, el deber de investigar, perseguir o castigar los delitos denunciados".

No obstante precisa que sólo cuando el procedimiento penal que instruye Garzón concluya y siempre que de la causa resultaren indicios bastantes de la falsedad de las imputaciones, será procedente la pesecución de la falsa imputación, bien de oficio bien por denuncia o querella de los ofendidos.

"A partir de ahí es cuando, en su caso, podrá decirse que la prueba de la verdad ha destruído la antijuricidad de la vulneración o por el contrario, que la prueba de la falsedad dé vida a la tipicidad de la infundada e ilícita difamación", agrega.

INFORMACION

La fiscal Márquez inicia su informe de 10 folios destacando que el ministerio fiscal es la única parte imparcial del proceso, tras lo cual resalta que la sociedad española demuestra un gran interés por el desarrollo de este proceso penal, dada la naturaleza de los hechos acaecidos y las personas intervinientes lo que, a su juicio, produce "una lógica y legítima demanda detratamiento informativo".

Esto, en su opinión, hace que los medios de comunicación "procuren alimentar cualquier fuente de información posible; es más, de no ser así, tal vez se correría el riesgo de que unos importantes acontecimientos de nuestra realidad social quedaran hurtados al derecho de información".

Sin embargo, se lamenta de que sean dos sujetos del procedimiento, es decir, Amedo y Domínguez, quienes hayan difundido determinado material de la instrucción sumarial "pues sus extemporáneasmanifestaciones amenazan no sólo la diginidad y derechos fundamentales de personas contra quienes ni siquiera se ha dirigido aún acusación alguna, sino también a los mismos intereses de la acción de la justicia, en la medida que, quizá, contribuyan a taponar posibles fuentes de prueba y a agotar ulteriores fases de investigación".

PRESTIGIO

Tras señalar que hay una identidad entre las imputaciones judiciales y las imputaciones periodísticas o extrajudiciales, la fiscal indica que es necesario protegr el respeto y la dignidad de las instituciones, pero precisa que no hay que olvidar "que en los sistemas democráticos el prestigio y la buena reputación de los órganos del Estado se defienden mejor saliendo al encuentro de la opinión pública que a la sombra de las leyes penales".

Añade que, en su opinión, las imputaciones que hace Amedo no las realiza contra el Gobierno de la nación como órgano constituído en Consejo del Ministro "sino a personas que, con mayor o menor rango, formaban parte del Gobieno cuando los hechos investigados acaecieron", por lo que en lugar de calificar a esas acusaciones como de un delito de calumnia debería ser como desacato, que es la atribución a una persona de la comisión de un hecho susceptible de ser calificado como delito o su participación en el mismo.

La fiscal precisa que ese delito necesita que quien hace la imputación sea consciente de que lo que está diciendo no se ajusta a la verdad o manifieste un claro desprecio hacia ésta, aunque añade que quien pruebe l veracidad de la incriminación queda excluído de dicha responsabilidad, por lo que concluye que no es "razonable" admitir la querella del Gobierno contra Amedo porque podría incidir en la labor de Garzón.