En caso de que el juez se inhiba, la investigación de los hechos recaerá posiblemente en el titular del Juzgado Central de Instrucción Número Uno, Carlos Bueren, quien, al inicio de las investigaciones se inhibió a favor de la justicia ordinaria al considerar que los indicios ayados hasta el momento no indicaban que fuera competencia de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público sospecha que en esa acción de los GAL participaron varios comandos de ese grupo, dado que el secuestro y posterior tortura y asesinato de los dos presuntos etarras "no es una cosa de dos".

Fuentes de la Audiencia explicaron que el pasado viernes compareció voluntariamente ante el fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, un funcionario de la Policía Judicial asignado a la Fiscalía de Alicnte. Este compareció junto con un forense para explicar ambos al fiscal las investigaciones sobre los dos cadáveres hallados en una fosa ilegal en Alicante en 1985.

El funcionario policial declaró haber iniciado una investigación a raíz de las declaraciones de Amedo que han reabierto el `caso GAL'. De esas investigación se sacó la conclusión de que dos cadáveres que habían permanecido en un depósito de Alicante durante más de diez años sin identificar son los de Lasa y Zabala.

El hecho de que hayn permanecido diez años en el depósito y no hayan sido enterados, hecho inusual, es debido a un error burocrático del juez que se "olvidó" de ordenar la inhumación.

Las mismas fuentes explicaron que el pasado viernes la Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió al juzgado de San Sebastian que instruye la causa las diligencias 37/57 de 1987, que son las que se instruyeron por la desparición de los dos presuntos etarras.