Este oranismo, que adoptó el acuerdo por mayoría, pero sin unanimidad, considera prematura la formulación de querella contra García Damborenea en este momento, por "la existencia de otra causa penal en que están siendo investigados los hechos a que se refiere la imputación".

Los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, organismo formado por 14 miembros y el fiscal general del Estado, Carlos Granados, se remiten a la causa instruida por el juez de la Audiencia Macional Baltasar Garzón, "cuya remisión a la Saa Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado ya el fiscal, para decidir en su momento sobre el destino de las diligencias que ahora se abren y la procedencia o no de formular querella".

Respecto al delito de apología del terrorismo, la Junta de Fiscales señaló en un comunicado difundido al término de su reunión, que se prolongó durante tres horas, que "no pueden desconocerse los impedimentos de tipo técnico que existen para apreciar esa infracción".

A este respecto, explica que, de acuerdo con lareforma del Código Penal de mayo de 1995, "el delito de apología parece exigir no sólo la defensa, justificación o alabanza de hechos delictivos, sino también que comporte una incitación a la perpetración de nuevos delitos, elemento cuya apreciación no aparece de momento con la suficiente nitidez en este caso".

Por otra parte, los fiscales argumetan que "es de difícil viabilidad una acusación por apología frente a quien ha sido partícipe del hecho delictivo elogiado por cuanto puede entenderse que eseposterior acto queda absorbido por el delito previamente cometido".

El resultado de la votación en la que la Junta de Fiscales de Sala acordó abrir diligencias por las declaraciones de García Damborenea fue, en cuanto al delito de apología del terrorismo, cinco votos a favor de interponer querella, cinco por abrir diligencias informativas y cinco partidarios de no tomar ninguna medida. Tras la votación, se llegó al consenso de abrir diligencias.

En cuanto a los delitos de desacato y acusación fala, hubo once votos a favor de incoar diligencias de investigación y cuatro a favor de interponer querella.

Carlos Granados compareció ante los informadores al término de la reunión y se limitó a leer un comunicado y el resultado de las votaciones. Granados envió al Gobierno un escrito dando cuenta de los acuerdos adoptados.