En un auto dado a conocer hoy, los magistrados de la Sala de lo Penal no consideran necesario que Aranda comparezca como testigo, cuando lo "normal y habitual" es recabar la opinión de la fiscalía a través de un informe.

El auto añade que si el magistrado considera que dicho informe es incompleto o sospecha que alo se le oculta, podrá pedir aclaración o adoptar las medidas pertinentes.

Como conclusión, los magistrados de la Sala Segunda consideran que la declaración de la Aranda es una diligencia "innecesariamente perturbadora" cuando no se ha acudido previamente a la solicitud del informe. Por tanto, la Sala de lo Penal estima el recurso de queja interpuesto por Aranda y deja sin efecto la orden de declaración testifical acordada por Gómez de Liaño.

Aunque la decisión de la Sala de lo Penal ha sido acordda por unanimidad, uno de los magistrados emitió un voto particular para aclarar el término de "innecesariamente perturbadora" que se indica en el auto. Según este magistrado, José Ricardo de Prada, el citado término no es más que "una percepción en términos procesales, que no tiene otro sentido que el de expresar que trastoca o altera el orden procesal normal".

Este magistrado considera que la declaración de un miembro fiscal como testigo "parece estar reservado a otras situaciones distintas de las qe aparentemente se dan en este caso, debiéndose utilizar por ello los sistemas normales de comunicación entre el Ministerio Fiscal y el órgano judicial".

La diligencia solicitada por Gómez de Liaño fue motivada por la aparición en prensa de una información que daba cuenta de unas conversaciones grabadas entre el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado Iñigo Iruín, antes de que se reabriese el 'caso Lasa y Zabala'.

Según el magistrado, con la declaración de Aranda pretendía "despejar la niebla extendda sobre una institución de tanto respeto como el ministerio fiscal", así como "salir al paso del riesgo que pueda significar para el proceso el que un día alguien invoque una nulidad de actuaciones por irregularidades o ilicitudes en la obtención de elementos de prueba, con vulneración de algún derecho fundamental".

A su vez, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, consideraba que su citación era improcedente, dado que no podía testificar en el 'caso Lasa y Zabala' al ser parte de la casa en condición de responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.