Lasagabáster dijo que eso es lo que se desprende de la respuesta que ha dado el Gobierno a la pregunta parlamentaria que le planteó sobre la decisión de no desclasificar los papeles del CESID. El Ejecutivo basó su negativa en las exigencias de la seguridad del Estado y la necesidad de preservar el crédito intrnacional de los servicios de inteligencia españoles.

"El Gobierno", según la diputada, "sigue esgrimiendo la seguridad del Estado y el crédito internacional para justificar su decisión de no desclasificar esos documentos, aplicando este criterio a todos los papeles del Cesid, sin responder cómo afecta a la seguridad del Estado el documento en que se describe el asesinato y tortura de Lasa y Zabala, el que recoge la manipulación de pruebas sobre la muerte de Lucía Urigoitia, el que propone la eliminacón física de miembros de ETA, por citar algunas de las preguntas efectuadas".

A su juicio, el Gobierno ha optado por "un principio general altamente peligroso, por su gravedad puntual y también por lo que puede tener de precedente, que consiste en amparar cualquier actuación, lícita o ilícita, sin que exista la posibilidad de control o fiscalización de la misma".

"Es de todo punto inaceptable que los asesinatos del GAL puedan quedar impunes porque así lo decide el Gobierno, primando la salvaguard de un secreto al propio derecho a la vida y el esclarecimiento de 28 muertes", señaló Lasagabáster.

Para la diputada de EA, "el Ejecutivo ha perdido toda credibilidad para decir con la boca llena que es la Justicia quien debe actuar, cuando se empecina en poner obstáculos y zancadillas a la acción de la propia Justicia".

"Simplemente certificando o negando (ni siquiera revelando su contenido) la autenticidad de unos documentos ya hechos públicos, dejaría el camino libre para el esclarecimiento jdicial de tan graves hechos", añadió.

"Pero mucho me temo", concluyó, "que el giro del PP tras acceder al Gobierno respecto a su 'firme postura contra el GAL' anterior al 3 de marzo, así como las maniobras para obstruir la acción judicial, están quitando el velo a un oscuro e inconfesable pacto con su antecesor en el ejecutivo, que lejos de permitir 'mirar al futuro', puede terminar por socavar los principos básicos de cualquier Estado de derecho".