Según informó a Servimedia el abogado, la petición de nulidad de actuaciones está formulada en un recurso de reforma que ayer interpuso ante el juzgdo de guardia contra un auto del pasado 17 de octubre por el que el juez Móner rechazó la solicitud de una pensión de manutención.

En esa resolución, el magistrado señaló que Domínguez no podía ser considerado como testigo en el 'caso GAL' ya que tenía la condición de imputado en la causa y además había sido condenado por pertenencia a esa organización terrorista, por lo que también era penado.

Sin embargo, a juicio de Manrique, en dicho auto, Móner no resolvió sobre la petición de nulidad de actaciones que le había hecho en un recurso anterior, por lo que insiste en solicitarla.

El abogado de Domínguez destacó que dado que el magistrado sigue considerando al ex policía como imputado y penado, "pido la nulidad de todo lo actuado en ese sumario más lo que ha declarado Domínguez como testigo" lo que, agregó, "supone técnicamente hacer desaparecer la fusión del sumario principal de los GAL con el del secuestro de Segundo Marey".

Anunció que en caso de que Móner vuelva a rechazar este recurs, presentará otro de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Domínguez basó su petición de una pensión de manutención, que estimó en cerca de medio millón de pesetas, en "la más elemental lógica y en la Ley de Protección de Testigos" ya que, en su opinion, a la vez que coimputado en el 'caso GAL', también es testigo en ese sumario "habida cuenta que él mismo ha revelado al instructor de esta causa los hechos por los que está encausado".

Por ello, estimó que tenía derecho "a ser proteido y a que se le cubran las necesidades mínimas", basándose además en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado 17 de diciembre en el que el magistrado dispuso, entre otras cosas, que "el Ministerio de Justicia e Interior provea de los medios necesarios de protección y escolta móvil y estática, así como la manutención y prestaciones necesarias que se les produzca por la situación de vigilancia y protección permanente" a Domínguez y José Amedo.

Domínguez alegó que ichas medidas de protección, acordadas por el juez Garzón "a raiz de la amplia colaboración que ha prestado con la justicia, poniendo en peligro su integridad física", le provocaron "una serie de trastornos que hacen imposible el poder disponer de un puesto de trabajo debidamente remunerado", por lo que pidió la pensión de manutención.