Manrique explicó que, en un auto dictado en diciembre de 1994, el juez Garzón dispuso no sólo las medidasde seguridad para Amedo y Domínguez, sino también la ayuda necesaria para su manutención, dada la dificultad de sus clientes "para llevar una vida normal en la situación en la que se encuentran".

Agregó que para facilitar esa ayuda, Domínguez debía especificar detalladamente los gastos a los que ha de hacer frente, como el alquiler de su vivienda o el colegio de los niños, que es privado, dado que al no estar empadronado por cuestiones de seguridad no pueden ser matriculados en un centro público.

"No está haciendo más que especificar las cantidades de una resolución ya autorizada por el juez Garzón en diciembre del 94", explicó el letrado. "Igual que se le pusieron los escoltas, el mismo auto contempla que tiene derecho a la manutención, que será pagada por parte del Ministerio de Justicia e Interior".