En la nota se señala "el deseo de prestar la máxia colaboración a los órganos judiciales, sin perjuicio de la necesidad de preservar la confidencialidad de los documentos clasificados secretos por el Consejo de Ministros y la identidad de las personas que prestan sus servicios al Estado, en misiones de información o inteligencia".

El departamento que dirige Gustavo Suárez Pertierra asegura que en cumplimiento de dicho deber legal, "ha hecho uso de los instrumentos previstos en las leyes para defender sus competencias en el conflicto al que la sentenia dictada ha puesto fin, clarificando la importante cuestión sometida a su decisión, que se homologa, por otra parte, con la actuación legal de los servicios de inteligencia de los países democráticos de nuestra misma área internacional".

Además, Defensa destaca que el fallo del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción confirma la invasión por parte del juzgado de Baltasar Garzón de esferas competenciales propias de la administración y las atribuciones exclusivas del Consejo de Ministros en orden a la lasificación y desclasificación de documentos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Secretos Oficiales, que se insertan en el ámbito de un concreto aspecto de la función del Gobierno.

Finalmente, resalta que la sentencia también establece, como este departamento venía sosteniendo, la obligación legal de no revelar al juez Garzón la información y documentación secreta solicitada, por afectar a la seguridad y defensa nacional.