El pasado unes, el magistrado Móner rechazó la petición de Domínguez de una pensión de manutención de medio millón de pesetas mensuales alegando que no podía acogerse a la Ley de Protección de Testigos, tal como invocaba el ex policía, porque su colaboración con la justicia no transformaba su situación de penado y procesado en el 'caso GAL'.

El instructor del 'caso GAl' acordó, sin embargo, remitir la petición de Domínguez al Ministerior de Justicia e Interior, tal como solicitó el ministerio fiscal.

Manriue precisó a Servimedia que sostendrá en su recurso que Domínguez sí fue testigo durante sus primeras declaraciones tras la reapertura del 'caso GAL' en las que, según precisó, testificó sin la presencia de letrado.

Por ello, considera que si el juez Móner no tiene en cuenta este aspecto, las declaraciones que efectuó Domínguez ante el juez Garzón como testigo tendrán que ser anuladas y, por tanto, todo lo que se derivó de las mismas en el 'caso GAL'.

Así, solicitará en su recurso la revocación dl auto de Móner y reiterará la petición de la pensión de manutención para Domínguez insistiendo en su condición de testigo en el 'caso GAL'.

Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron a Servimedia que Domínguez realizó unas declaraciones al juez Garzón dentro del 'caso GAL' como testigo, declaraciones que motivaron posteriormente, junto al testimonio de José Amedo, el procesamiento de otros implicados en la causa.

Domínguez había basado su petición de una pensión de manutención, que estimó en crca de medio millón de pesetas mensuales, en "la más elemental lógica y en la Ley de Protección de Testigos" ya que, según indicó en su escrito, "a la vez que coimputado, habida cuenta de que él mismo ha revelado al instructor de esta causa los hechos por los que se está encausado, es testigo en el sumario 1/88 con derecho a ser protegido y a que se le cubran las necesidades mínimas".

El ex policía fundamentó su petición en un auto del juez Garzón del pasado 17 de diciembre, en el que el magistrado dipuso, entre otras cosas, que "el Ministerio de Justicia e Interior provea de los medios necesarios de protección y escolta móvil y estática, así como la manutención y prestaciones necesarias que se les produzca por la situación de vigilancia y protección permanente" a Domínguez y al ex subcomisario José Amedo.

En su escrito, la defensa de Domínguez pecisó que "a raiz de la amplia colaboración que ha prestado con la justicia, poniendo en peligro su integridad física", el juez Garzón acordó medidas de potección para el ex policía que le provocaron "una serie de trastornos que hacen imposible el poder disponer de un puesto de trabajo debidamenmte remunerado, como es el que dispone en la actualidad".