En el escrito, Defensa entiende que dicha consulta, realizada por el juez Garzón a las partes cuando les dió traslado del conflicto de jurisdicción, es "de dudosa legalidad porque sugiere la respuesta; somete al estatuto de imputado a un miembro del Gobierno y porque no se trata de un trámite previsto" en la Ley Orgánica de Conflictos de Jurisdicción.

A su juicio, dicha consulta tuvo "un propósito muy concreto y osterior al hecho de haberse planteado un regulamiento de inhibición".

Para Defensa, "la intimidación de un juez a un miembro del Gobierno violenta la división de poderes" y agrega que "la ley afecta a todos" por lo que, añade, "no se puede investigar conculcándola o impeliendo a incumplirla a quienes tienen la obligación de guardarla y hacerla guardar".

En el escrito, de 14 folios y que va acompañado de un anexo de otras 212 páginas, el departamento de Suárez Pertierra señala también que la ley ólo permite que se acepte o no la inhibición planteada, "pero no la inadmisión unilateral a cargo del juez requerido, puesto que es una parte del procedimiento", en referencia a la decisión de Garzón de no admitirlo a trámite, aunque recuerda que hay un precedente de una actuación similar.

Agrega que el juez Garzón admite la competencia del Consejo de Ministros pero afirma que "jamás solicitó la desclasificación y siempre requirió, sin más, la entrega de los documentos".

Además, acusa al magistrao de arrogarse la facultad de decidir o no lo que el Gobierno puede clasificar, con lo que, en su opinión, incurre en un proceso de invasión de competencias. Destaca que, además, "no puede el órgano judicial decir que no dijo lo que dijo y además en reiteradas ocasiones".

También se pregunta "cómo puede decir el juez que reconoce la competencia del Consejo de Ministros cuando el último requerimiento al ministro de Defensa lo hace con un plazo de cuatro días, dos festivos, y a través de un trámite extrño, hoy, por medio del Ministerio de Justicia".

Finalmente, el Ministerio de Defensa pide en su escrito a la Sala de Conflictos de Jurisdicción que tenga por formalizado el conflicto, que requiera al juez Garzón para que le remita lo actuado y, en particular, lo que se refiere a las preguntas dirigidas a las partes sobre el ministro y que inste también al magistrado a que suspenda las actuaciones objeto del conflicto.