Así, el voto particular que firman el presidente el Tribunal, José Jiménez Villarejo y el magistrado Gregorio García Ancos destaca que "la idea de realizar acciones contra ETA al margen de la ley no fue nunca asumida por el Gobierno" del PSOE.

"No consideramos probado que los procesados José Barrionuevo y Rafel Vera participasen en la detención ilegal, ni incitándola, ni autorizándola, ni respaldándola, ni interviniendo en momento alguno durante el tiempo que duró la detención", dicen los dos magistrados.

Los mismo piensan del delito de malversción de fondos, pues dudan de que, tal y como se considera probado en la sentencia, Rafael Vera entregara un millón de francos franceses para financiar la detención de Marey.

Para ambos magistrados en los argumentos contra los ex responsables de Interior "solo existe un prueba que merezca el nombre de tal; la declaración del señor Sancristóbal que empezó siendo exculpatoria para sí mismo y para los que habían sido sus superiores y terminó siendo, tras largos meses de prisión provisional, autoinculpatoia y acusatoria contra Barrionuevo y Vera, mateniéndola con matices de no desdeñable relevancia".

En esta misma línea se muestra el magistrado Joaquín Martín Canivell quien subraya que lo recogido durante la vista oral permite afirmar la realidad de los hechos -el secuestro de Marey-, pero sin la participación de Barrionuevo y Vera.

Para este magistrado, la negativa de ambos "no puede considerarse destruída por el testimonio del coimputado Sancristóbal", quien refirió conversaciones con Vera y Barionuevo que, según este magistrado son pruebas que "no han llegado a tener consistencia".

Insiste en que la credibilidad de los imputados "viene clamorosamente negada por su interés en escapar bajo la competencia como instructor" del juez Garzón, buscando mejores resultados en instancias más elevadas, en este caso el Tribunal Supremo.

En cuanto al magistrado Enrique Bacigalupo, éste insiste en que no debe fundamentarse una condena únicamente en "la mera acusación de un coimputado", máxime en algnos caso, como el de Ricardo García Damborenea, "dado que era público y notorio las tensas relaciones de enemistad que mantenía con su antiguo partido político".