En su escrito, Barrionuevo solicita al máximo órgano de Gobierno de los ueces que abra un expediente disciplinario al magistrado quien, a su juicio, incurrió en una falta muy grave al no haberse abstenido de instruir el 'caso GAL', actualmente en el Tribunal Supremo.

Según el ex ministro, que al igual que Corcuera aporta copia de las informaciones periodísticas, Amedo y Michel Domínguez aseguraron que Garzón controló el sumario para no implicar en el inicio de las investigaciones, en diciembre de 1994, a Barrionuevo y otros aforados en la causa y evitar tener que elevarlaal Tribunal Supremo, lo que hizo el 28 de julio de 1995.

Barrionuevo, que recuerda que ya denunció estos hechos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como causa de nulidad del sumario, cree que lo declarado por Amedo y Domínguez supone que Garzón habría incurrido en una falta muy grave consistente en "la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legítimamente prevista".

Añade que, según lo declarado por los ex policías, "no habría duda de que el maistrado era consciente de la concurrencia de esa causa legal de abstención, ya que les dijo que 'había que controlar el estallido incial del sumario para no implicar a Barrionuevo y otros aforados, con el fin de que o pasase al Supremo antes de orientar la situación'".

Finalmente, indica que el hecho de que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, haya recibido copia de todo lo publicado sobre este asunto "y, según parece, esté decidiendo si ejercita o no alguna acción penal al respecto, no imide que el Consejo General del Poder Judicial inicie un expediente disciplinario, incluso sobre los mismos hechos".

CORCUERA: VARIAS FALTAS

Por su parte, Corcuera destaca en su denuncia que el magistrado podría haber incurrido en varias faltas disciplinarias tipificadas como muy graves y graves de confirmarse las revelaciones hechas por Amedo, según el cual Garzón pretendió que su mujer, Marian, declarase que el ex ministro estaba al corriente de los GAL y de los pagos que le habían hecho a él y a Dmínguez.

A su juicio, de dichas manifestaciones resulta que Garzón podría haber incurrido en "una serie de gravísimas actuaciones irregulares, ajenas al ámbito propio de lo jurisdiccional, que afectan a derechos fundamentales que garantiza la Constitución española, cometiendo con ellas exceso o abuso de autoridad que afectan negativamente a la dignidad y prestigio de la justicia".

Agrega que "propiciar interferencias en las investigaciones de personas ajenas al proceso, ejercer presiones sobre tetigos o imputados, fragmentar y dosificar las diligencias de investigación en base a conveniencias e intereses espurios, exteriorizar explícitamente intenciones encaminadas a perjudicar a otros poderes e instituciones del Estado...etc, son acusaciones que han ocasionado notable alarma social y que exigen ser investigadas en todo caso por quien tiene constitucionalmente encomendada tal función".

Por ello, pide al poder judicial que dé a su denuncia el trámite previsto por la ley para el esclarecimientode los hechos denunciados "sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que tales hechos pudieran dar lugar".

Fuentes del CGPJ explicaron que ambas denuncias fueron remitidas hoy mismo a los Servicios de Inspección del poder judicial, que deberán elevar un informe a la Comisión Disciplinaria. En el propondrán el archivo de las mismas, si estiman que las denuncias no tienen base o afectan al ejercicio jurisdiccional del juez, o propondrán apertura de diligencias informativas, si consideran qu hay materia a investigar.

Por su parte, la Comisión Disciplinaria deberá pronunciarse sobre la propuesta que le formulen los Servicios de Inspección,lo que podría hacer en su próxima reunión del día 30.