En concreto, el abogado del teniente general, Miguel Cid Cebrián, interpuso la demanda de amparo el pasado mes de febrero alegando que el secreto de las actuaciones, decretado por el magistrado hacía cerca de dos años, provocaba indefensión a su cliente, dado que no podía ejercitar su derecho de defnsa al desconocer las imputaciones que se le hacen en la causa.

El abogado también señaló en su recurso que el mantenimiento del secreto también impedía determinar si Garzón es o no el juez competente para instruir el sumario.

Para la defensa de Saénz de Santamaría, la competencia para instruir la causa es del Tribunal Supremo, dado que en ella el juez Garzón está investigando la formación y desarrollo de los GAL, según se desprende del auto que dictó en mayo del pasado año imputando al militar e el "caso Oñaederra" por su eventual participación, "prestando su autorización o consentimiento a la formación y desarrollo" de esa organización terrorista.

Sin embargo, el juez Eduardo Móner, que instruye en el Tribunal Supremo el "caso GAL", señaló en una resolución posterior que corresponde al Alto Tribunal la investigación de la fundación, organización y estructura de los GAL.

DESCLASIFICACION

El "caso Oñaederra" no se encuentra bajo secreto de sumario desde el pasado 7 de enero, día en el ue el magistrado dictó un auto por el que acordó levantar el sigilo de las actuaciones, tras acordar el Gobierno desclasificar los documentos del CESID que había reclamado para sus investigaciones.

El recurso de amparo fue presentado contra un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado 7 de enero por el que se rechazó una queja de la defensa del militar contra una nueva prórroga del secreto del sumario acordada por Garzón.

Por ello, en su resolución, el Tribunal Constituciona solicita a la sala que, en el plazo de 10 días, le remita copia de las actuaciones con el fin de poder pronunciarse sobre el fondo del recurso de amparo.

Además de Sáenz de Santamaría, en el "caso Oñaederra" también están imputados los generales Andrés Cassinello y Enrique Rodríguez Galindo; el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director general del CESID Emilio Alonso Manglano, entre otros.

Garzón, que reabrió el "caso Oaederra" el 28 de julio de 1995, investiga en este sumario, entre otras acciones de la guerra sucia contra ETA, los cuatro primeros asesinatos atribuídos a los GAL: el de Ramón Oñaederra, perpetrado el 19 de diciembre de 1983; los de Angel Gurmindo y Vicente Perurena, cometidos en Hendaya el 8 de febrero de 1984, así como el asesinato de Christina Olazcoaga y el asesinato frustrado de su hermano Claude, perpetrado en Biriatou el 18 de diciembre de 1984.