La Comisión Disciplinaria del máximo órgano de Gobierno de los jueces estudiará el próximo martes la queja del ex ministro del Interior José Barrionuevo por la "indefensión" a laque considera está sometido como consecuencia de su imposibilidad de declarar en el sumario por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL y su tratamiento informativo.

Las fuentes consultadas explicaron que el CGPJ no puede decirle a ningún juez que cite a alguien a declarar, ya que supondría un ataque a su independencia judicial y una medida de ese tipo sería fuertemente respondida por la carrera judicial.

Añadieron que, además, la indefensión que podría provocar la no citación a declarr de una persona que se considerase perjudicada por unas imputaciones hechas en un sumario -como ocurre en este caso con las declaraciones de José Amedo-, no constituiría un problema disciplinario sino un asunto jurisdiccional, cuyo cauce para resolverlo sería acudiendo a los tribunales superiores.

Las mismas fuentes precisaron que en este asunto el único punto susceptible de responsabilidades disciplinarias sería, en su caso, la vulneración del secreto del sumario por parte del juez Garzón, lo que daía lugar a una sanción e, incluso, constituiría un delito de revelación de secreto. Sin embargo, destacaron la imposibilidad de demostrar que la supuesta vulneración haya sido cometida por el propio juez o por cualquiera de las partes personadas en la causa.

Barrionuevo alegó en su escrito al CGPJ que se estaban produciendo irregularidades en la tramitación "cuasi-pública" de las diligencias y que las actuaciones judiciales están siendo "sistemáticamente filtradas" a los medios de comunicación, en conra de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El escrito de queja de Barrionuevo fue remitido ayer por el registro del CGPJ al Servicio de Inspección, que, a su vez, dará traslado del mismo a la Comisión Disciplinaria. Esta, en su reunión del próximo martes, estudiará la denuncia, lo que podría dar lugar a su archivo, a la apertura de un expediente disciplinario contra el juez o a su remisión de nuevo al Servicio de Inspección.

En este último caso, ese servicio briría unas diligencias informativas para analizar los hechos, tras lo cual emitirá un informe que enviará de nuevo a la Comisión Disciplinaria junto con una propuesta o bien de archivo o de apertura de expediente. En este supuesto, la comisión nombraría a un instructor ajeno al CGPJ que tramitaría el expediente como si se tratara de una causa judicial, concluyendo con una resolución sobre la actuación del juez.