Gómez de Liaño ya se dirigió al Parlamento hace unas semanas para recabar información sobre los diputados que asistieron a la mencionada reunión, pero la Mesa del Congreso se limitó a informarle genéricamente de las personas autorizadas por el pleno para tener acceso a informaciones secretas, así como de sus sustitutos a lo largo de la pasada legislatura.

La respuesta no satisfizo al juez de la Audiencia Nacional, quien remitió otro escrito al presdente Federico Trillo, con el fin de que el Congreso le "certificara" el nombre de los parlamentarios que asistieron en concreto a la reunión del 2 de octubre, a quienes podría llamar a declarar en relación con el 'caso GAL'.

Por su parte, el órgano rector del Congreso se ha apoyado en la resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales de 1992 (que tiene rango de ley) para comunicar hoy al juez que en esa fecha los parlamentarios autorizados por el pleno para tener acceso a materias reservadas ean Joaquín Almunia (PSOE), Rodrigo Rato (PP), Rosa Aguilar (IU), Joaquim Molins (CiU), Iñaki Anasagasti (PNV) y Luis Mardones (CC).

Sin embargo, la Mesa ha hecho constar que no puede "certificar" la relación de esos diputados, argumentando que esa cita tenía un carácter de reunión y no de sesión y que la Comisión de Secretos Oficiales no existe formalmente como tal.

Ante la incredulidad de muchos de los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa, su portavoz, Joep López de Lerma, explicó que el Congreso no puede certificar lo que pide Gómez de Liaño, "porque al no ser comisión, no hubo convocatoria; al no ser comisión, no hay presidente; al no ser comisión, no hay letrado ni secretario de actas, y al no ser comisión, no existen actas ni 'Diario de Sesiones'".

"Al no haber nadie que pueda dar fe de la relación de los asistentes, la Mesa del Congreso no puede certificar algo que no le consta", agregó López de Lerma, quien también expresó sus dudas respecto a qe la existencia de cintas magnetofónicas de la sesión pueda garantizar "que quienes fueran supuestamente convocados estuvieran presentes en la sesión".

Preguntado sobre si la decisión de la Mesa podría ser interpretada como una falta de colaboración con la justicia, López de Lerma dijo que el Congreso tiene la conciencia de "colaborar exquisitamente con la justicia", aunque está sorprendido de que algunos jueces soliciten "algo que es altamente improbable, tanto que es imposible de responder mediante na certificación", indicó.