La mesa de la comisión, reunida este mediodía, no consiguió un acuerdo unánime sobre la petición de comparecencia, ya que los dos representantes socialistas votaron en contra, mientras que los dos miembros del PP y el de IU se mostraron partidarios de la presencia de Belloch en la Cámara Baja.

El reglamento de las comisiones establece que si no hay un acuerdo unánime sobre la petición de comparecencias deberá ser el pleno de la comisión corrspondiente el que decida sobre las mismas, mediante una votación individual, que daría paso al voto ponderado en caso de empate.

El pleno de la Comisión de Justicia e Interior, que se reunirá mañana en sesión urgente, está formado por 20 parlamentarios en total, de los que 17 pertenecen al PSOE, 14 al PP, 3 a CiU, 3 a IU, y 1 al PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto.

La votación de mañana se presenta bastante apretada, dada la igualdad de fuerzas, la indefinición mostrada por algunos grupos, princpalmente CiU, y la incógnita sobre la actitud que mantendrá el diputado independiente socialista Ventura Pérez Mariño, que en más de una ocasión ha roto la disciplina de voto del Grupo Socialista.

Días atrás, el magistrado dejó entrever en conversaciones privadas con los periodistas que el Gobierno debería reaccionar y aportar explicaciones sobre los últimos acontecimientos relacionados con el "caso GAL".

LEY DE PUNTO FINAL

El representante de IU en la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior Antonio Romero, declaró hoy que la sociedad española necesita respuestas ante las denuncias publicadas en torno a los GAL y señaló que el Gobierno no puede permanecer en silencio ni buscar una ley de punto final.

Romero apuntó la posibilidad de que su grupo solicite la reunión de la Diputación Permanente (órgano de gobierno del Congreso en periodos vacacionales) si la Comisión de Justicia e Interior no aprueba mañana la comparecencia de Belloch.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Loyola e Palacio, apeló a la responsabilidad del Gobierno para que afronte sus responsabilidades y no trate de dilatar su comparecencia en el Parlamento. A su juicio, el Gabinete de Felipe González está obligado a ofrecer su versión sobre las "acusaciones gravísimas" formuladas estos días por Amedo y Domínguez.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría destacó que su grupo es partidario de que el Gobierno comparezca de forma inmediata en el Congreso, estableciendo como límite la fecha de mediados de próximo mes de enero.

Olabarría insistió en la gravedad de los hechos originados por la reapertura del "caso GAL" y subrayó que el Ejecutivo no puede mantener ajeno a ellos y a las repercusiones sobre la estabilidad política y económica del país.