En el escrito, la Junta de Gobierno señala que"consta, por haberlo así acreditado el letrado, que los clientes cuya defensa tiene encomendada, le han ratificado su confianza".

Indica que "ni tales clientes ni el propio letrado detectan situación de conflicto de intereses que pudieran afectar al correcto ejercicio de la defensa de los afectados".

Por ello, señala que en estas circunstancias se remiten a un comunicado que emitieron el pasado día 9 "que responde plenamente a las prescripciones que sobre el particular establece el artículo 6.3c el Tratado de Roma, en virtud del cual uno de los derechos fundamentales es el que tiene todo justiciable a ser asistido por el abogado de su elección".

Este acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en una reunión celebrada el día anterior a la comparecencia de Argote ante el juez como imputado el pasado jueves, responde a una consulta que formuló el juez a petición del fiscal del caso, Jesús Santos, al colegio sobre la posible incompatibilidad de Argote para continuar como defensor de varios de los mplicados en la causa.