Alvarez Cascos aludió así a la propuesta formulada en este sentido por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta, y reiteró que no es bueno contribuir a introducir en la sociedad española un "debate prematuro, que puede generar incertidumbres innecesarias por basarse sobre opiniones aventuradas".

El dirigente popular, que hizo estas reflexiones en rueda de prensa, explicó que el trámite en el que actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo el sumario e los GAL es la continuidad o no de la instrucción, después de que el juez Baltasar Garzón haya encontrado indicios de delito por parte de cuatro aforados.

"La continuidad o no de la investigación en relación con esos hechos", agregó, "no constituye ninguna acusación; es más, ni siquiera prejuzga de una manera concreta y explícita esa acusación. Se está pidiendo una autorización al Congreso, para continuar la instrucción con arreglo a determinadas formalidades".

En este sentido, Alvarez Cascos inistió en que el artículo 102 de la Carta Magna se refiere al momento en que se formula la acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado.

"Y como ni siquiera sabemos si el procedimiento de solicitud de suplicatorio va a continuar y tampoco sabemos si en su caso va a haber acusación, intentar en estos momentos centrar la atención sobre la posible aplicación a este caso del artículo 102 nos parece un debate prematuro, que puede generar incertidumbres innecesarias por basars sobre opiniones aventuradas", indicó.

El secretario general del PP recordó que en los debates constitucionales de 1978, el artículo 102, en su apartado 2, no recogía inicialmente la expresión "en el ejercicio de sus funciones" y que su introducción fue a propuesta de un voto particular de Unión de Centro Democrático (UDC).

A su juicio, el espíritu y la letra del texto constitucional demuestra claramente que, además de la naturaleza del delito -la traición o el atentado contra la seguridad del Esado- hay una segunda circunstancia decisiva, y es que haya sido cometido por el presidente o los demás miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

APLICAR LAS LEYES

"Por lo tanto, si se estimara aue una persona ha cometido esos delitos, en este caso el presidente del Gobierno, pero no lo ha hecho en el ejercicio de sus funciones, está claro que el artículo 102 no es de aplicación en este caso. Y la determinación del ejercicio de su realización o de su comisión corresponde a quienes tiene el deber de aplicar las leyes, que son los jueces".

A modo de conclusión, Alvarez Cascos apeló a cada uno de los poderes institucionales a que asuma sus responsabilidades y ejerza las funciones que le correspondan, al tiempo que destacó que el PP también ha cumplido su papel al exigir las responsabilidades políticas.

En su opinión, el artículo 102 de la Constitución está "claramente" establecido para defender el sistema democrático y dirigido a exigir las responsabilidades equivalentes a la figua del golpe de Estado.

"No es aventurado afirmar que el espíritu de los legisladores", matizó, "se aproxima a concretar las responsabilidades de un gobernante en el ejercici de sus funcines, atentado contra la seguridad o traicionando los intereses de su país en esa figura genérica del golpe de Estado".

Por otra parte, preguntado si su partido sería favorable a modificar la legislación para eliminar trabas para el procesamiento de los parlamentarios, Alvarez Cascos dijo que este debate está abiero, aunque evitó adelantar la posición de los populares al respecto.