Esta afirmación de Barrionuevo figura en un informe de Amnistía Internacional (AI) elaborado en 1985 y titulado "España, la cuestión de la tortura", en el que se denuncia la práctica de torturas y malos tratos en nuestro país.

En su respuesta al entonces secretario general de AI, Thomas Hammarberg, fechada el 29 de noviembre de 1984, Barrionuevo expresa también el "propósito particular" de su ministerio y del Gobierno en "seguir trabajando en remover los obstáculos que impidan o dificulten a os españoles el ejercicio efectivo de todos los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente".

El citado informe de AI incluye el memorando enviado al Gobierno español en mayo de 1984, que contenía casos pormenorizados de víctimas de tortura, los comentarios de la organización respecto a las garantías jurídicas y administrativas para los detenidos y sus recomendaciones al Ejecutivo.

Una misión de Amnistía Internacional que visitó España en 1983 constató que el uso de la detención bajo inomunicación con arreglo a la legislación antiterrorista, las restricciones a la asistencia letrada de personas incomunicadas y la falta de control judicial sobre estos casos propiciaban la práctica de torturas y malos tratos, a pesar de los importantes cambios constitucionales y jurídicos ocurridos en España.

NADIE HA RECURRIDO A AMNISTIA

Por su parte, David Braham, investigador de Amnistía Internacional en Londres y encargado de los casos de violaciones de derechos humanos en Europa Occidental, manfestó hoy a Servimedia que nadie ha pedido a la organización su ayuda para investigar el caso de Lasa y Zabala.

Tras recordar que AI ya ha denunciado en numerosas ocasiones los casos de torturas protagonizados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado españolas en la década de los 80, Braham señaló que la organización aún no sabe si investigará el caso de Lasa y Zabala.

Fuentes de Amnistía Internacional ven "con buenos ojos" que se reabran las investigaciones y esperan que se puedan extaer de ellas conclusiones esclarecedoras sobre este caso.

En el citado informe de 1985, AI no se refiere en ningún momento a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dado que, aunque ya habían sido secuestrados por los GAL, el asunto apenas había trascendido a la opinión pública y mucho menos su muerte tras ser torturados, algo que no se ha conocido hasta ahora, más de diez años después de ocurridos los hechos.