Baón manifestó a Servimedia que "choca mucho que una juez, como es la secretaria de Estado de Interior, proteste, discuta y regatee la decisión de un colega suyo, cuando sabe que se está dando custodia persoal a infinidad de personas que no han tenido ningún cargo público para merecer esa vigilancia".

El diputado popular dijo que, si se les asigna a particulares una escolta sin haber ocupado ningun cargo público (se refirió en concreto al empresario y amigo del presidente del Gobierno Enrique Sarasola) "ahora, en un caso que instruye un juez, hay que ser respetuoso con su decisión de mantener determinada protección".

Los ex policías, condenados a 108 años por su vinculación con las actividades de lo GAL, comprobaron el pasado lunes que la secretaria de Estado de Interior había reducido su escolta de cinco a dos guardaespaldas, al parecer sin previo aviso, hecho que denunció el abogado de Amedo y Domínguez.

En un tono más moderado, el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero indicó a Servimedia que la reducción de los escoltas a los dos ex policías no es una decición descabellada "si no se aprecia en España ninguna posibilidad de atentar contra ellos de forma real".

Aunque Antonio Romero sñaló que el Ministerio de Justicia e Interior "contrae una gran responsabilidad" al optar por la reducción del número de guardaespaldas, el diputado de IU restó importancia a esta decisión. "Si les retiraran totalmente la escolta, sí sería un problema político número uno", dijo.