El pasado mes de abril, el juez Garzón dictó un auto de procesamiento contra 14 implicados en el 'caso GAL' en el que les impuso una fianza global de 1.800 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil que en su día pueda acordarse contra ellos.

De esa cuantía,un total de 354 millones de pesetas correspondieron a Juan de Justo, lo que constituyó la segunda fianza más elevada de todos los procesados, superada únicamente por la de Vera, que sumó un total de 435 millones.

Posteriormente, en un auto dictado en el mes de mayo, el juez Garzón procedió a embargar todas las cuentas bancarias, depósitos y cajas de seguridad propiedad de Juan de Justo, así como sus bienes muebles, valores y bienes inmuebles que tuviera dentro o fuera de España con el fin de hacer frete a la fianza, lo que fue recurrido por su defensa y mañana será estudiado por la Audiencia Nacional.

Además de esta vista, la sección primera también estudiará mañana otros recursos interpuestos por el ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo y los inspectores Julio Hierro, Francisco Saiz Oceja, Luis Hens y Juan Ramón Corujo, también procesados en el 'caso GAL', contra la negativa del juez Garzón a realizar otro examen pericial caligráfico de varios manuscritos de los GAL atribuídos aPlanchuelo y a Saiz Oceja, entre otros, tal como solicitó su defensa.

El pasado mes de diciembre, el juez Garzón sometió al dictamen de un perito caligráfico de la Asociación de Peritos Judiciales los manuscritos, uno de los cuales reivindicabba el asesinato del etarra Pedro María Goikoetxea y fue atribuído a Planchuelo por los expertos caligráficos.

El otro era una nota incautada a un mercenario de los GAL por la policía francesa y, según los peritos, fue redactado por Saiz Oceja.

El abogad defensor de los policías, José Anibal Alvarez, pidió en febrero al juez Garzón que dichos manuscritos fueran sometidos a otro peritaje por parte del gabinete de la Guardia Civil o, en su defecto, por técnicos de la Universidad Autónoma, para examinar además del cuerpo de la escritura, la antigüedad de las tintas y del papel de los comunicados, con el fin de poder contrastarlos, a lo que el magistrado no accedió.