Saénz de Santamaría, que está imputado en dicha causa, recurrió la prórroga del secreto de las actuaciones al estimar que con ella se provoca indefensión al teniente general, ya que se le impide conocer el contenido de las imputaciones contra él y quién y en qué circunstancias las ha realizado.

En la resolución, la sala indica que de la documentación aportada para la resolución del recurso "no aparece que, en el caso particular la medida no sea estrictamente necesaria".

Además, indica que el Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia del 4 de octubre de 1988 que la prórroga del secreto del sumario es una medida constitucional.

El tribunal rechaza asímismo, en contra del recurso de Sáenz de Santamaría, que sea "absurdo" el argumento de que cuando se alce la medida se reestablecerá el equilibrio entre el fiscal, que sí tiene acceso a las actuaciones cuando están secretas, puesto que es el motivo argumental utilizdo por la citada sentencia del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, la sala estima que no puede servir de fundamento para descartar la competencia de Garzón para instruir el 'caso Oñaederra' la cita por parte de la defensa del militar de cierta argumentación contenida en un auto del Tribunal Supremo "que no se aporta".

En concreto, el abogado de Saénz de Santamaría pidió a la sala que resolviese si Garzón era competente para instruir la citada causa a la vista del auto dictado el pasado mes d junio por el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner, que instruye el sumario principal de los GAL, en el que señaló que los jueces de la Audiencia Nacional no deben actuar en la investigación de la fundación, organización y estructura de los GAL.

Sáenz de Santamaría fue imputado por el juez Garzón en el 'caso Oñaederra' el pasado 7 de mayo junto con el teniente general Andrés Cassinello y el general Enrique Rodríguez Galindo, tras considerar que existen "indicios de participación" de los militres "en las actividades ilegales relacionadas con los grupos GAL".