"La asociación tiene la intención de personarse en este sumario como acusación popular, ya que estos señores fueron torturados según e informe policial que aparece en las actuaciones", dijo Mota, quien recordó que el delito de torturas con resultado de muerte está castigado en España con la pena de reclusión mayor, es decir, 30 años de cárcel.

Para Teodoro Mota, es la Audiencia Nacional quien tiene que instruir este caso, ya que la desaparición y muerte de Lasa y Zabala está relacionada con una banda armada organizada, y José Amedo y Michel Domínguez deben ser llamados a declarar en calidad de imputados "para ver qué es lo que hay aí".

Mota calificó de "llamativo" el hecho de que los cadáveres fueran hallados hace 10 años e identificados recientemente y señalo que de esta circunstancia se puede desprender "la falta de interés" por parte de la Guardia Civil, cuerpo que llevó a cabo las investigaciones cuando se encontraron los cadáveres, el 24 de enero de 1984.

Para el portavoz de la Asociación Contra la Tortura, esta "obstrucción" de la Benemérita pondría de manifiesto que se está ante otra de las tramas de los GAL, la vinclación de éstos con la Guardia Civil. "Una trama que no está investigada", dijo Mota, quien recordó que hasta ahora sólo se ha indagado en la relación entre la policía y los GAL.

"Creo que sí ha habido algún tipo de obstrucción, algún tipo de situación anómala que ha impedido a la policía judicial llegar a la conclusión a la que se ha llegado en estos momentos", dijo Mota, quien añadió que los datos que se han conocido hoy sobre la tortura de Lasa y Zabala podían haberse conseguido sin mayores problems de no ser por las actuaciones de la Guardia Civil.

"Porque si los datos que tiene la Guardia Civil en un momento determinado no los pone a disposición del juez, evidentemente éste no puede investigar, lo que lleva a la situación de que ahora sorprendentemente se llegue a la conclusión de que, por ejemplo, la bala encontrada era del tipo que usaban los Cuerpos de Seguridad del Estado".

Mota señaló que por el momento la acusación popular del `caso Gal' no se personará hasta ver cómo se desarrolla las investigaciones. "Aún no lo han decidido porque es muy inmediato", dijo.