En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, el abogado también pide al magistrado que remita al CESID los documentos de los servicios secretos de que dispone, dado que "tienen origen ilícito, posiblemente delictivo, que no son originales, están seguramente manipulads y con toda probabilidad son falsificaciones". Por todo ello, a su juicio, no deben estar en sede judicial y no pueden surtir efecto en el proceso.

Argote destaca en el escrito la situación personal de los tres ex agentes de Intxaurrondo, de los que dice que siempre han comparecido a las llamadas del juez y asegura que carecen de medios económicos y de infraestructura que puedan hacer creer que tiene más fácil una supuesta fuga.

Además, tras resaltar los servicios que han prestado dentro de la Gardia Civil, señala que cada uno de ellos "es español, quiere seguir siendo español y vivir bajo sus instituciones democráticas, a las que tanto ha defendido con su esfuerzo".

Respecto a Dorado Villalobos, también incide en su situación personal psíquica y asegura que "es evidente el grave riesgo que para su equilibrio se está produciendo por su estancia en prisión con limitaciones extraordinarias e inusuales". En este sentido, recuerda que Dorado sufrió una profunda crisis en los momentos iniciales d su incomunicación en prisión y que Bayo ha sufrido un intento de suicidio en el que estuvo a punto de perder la vida.

Por ello, considera que "la ponderación del estado psicológico de una persona es absolutamente necesario a la hora de valorar situaciones personales" y advierte sobre "las consecuencias gravísimas que podrían producirse de colocar a una persona psicológicamente alterada en una situación límite, de manera innecesaria".

Además de rechazar la posibilidad de que eludan la acción de l justicia, Argote también basa su petición de libertad para los tres procesados en la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos del CESID que el magistrado reclamaba. Sostiene que esos papeles constituían "la base documental que apoyaba a los contradictorios testigos de referencia" cuyas declaraciones motivaron el encarcelamiento de los procesados.

"No cabe duda de que inoperantes los documentos por ministerio de la ley, tales testigos dudosos quedan sin la base documental aducida", precisaArgote, quien agrega que tras el acuerdo del Consejo de Ministros las circunstancias han cambiado "de la hipotética valoración de unos supuestos documentos a la inexistencia de los mismos".

Finalmente, el abogado también recoge la decisión de la Sala de lo Penal de poner en libertad al general Enrique Rodríguez Galindo sin fianza, criterio que, en su opinón, "debe de afectar a todos los procesados, en aplicación elemental de principio de igualdad".