Rodríguez Arribas considera que durnte el mes de agosto el Supremo puede continuar actuando, al menos por lo que se refiere a algunos de los trámites iniciales, como el pase al fiscal, el nombramiento del ponente y el comienzo del estudio del caso.

El presidente de la APM reconoció en la Cadena Ser que la situación actual no le gusta, por el protagonismo que están tomando los tribunales y la judicialización de la vida política, pero agregó que "los jueces tienen que cumplir con su deber, y su deber es perseguir los delitos, cualquiera ue sea el posible responsable de los mismos".

Por ello, calificó de "inadmisibles" las críticas que está recibiendo el juez Baltasar Garzón por haber elevado el informe al Tribunal Supremo, "cuando no había posibilidad de hacer otra cosa después del conjunto de declaraciones producidas por una serie de inculpados que habían manifestado que lo hacían dentro del organigrama del Ministerio del Interior, y por último la explosión de la declaración de García Damborenea, que dice que todo eso no sólo se haca en el Ministerio del Interior, sino con el conocimiento del jefe del Gobierno".

"Eso será verdad o no será verdad, pero yo creo que nadie puede decir seriamente que no deba ser investigado", continuó. "Pero es que, además, esos mismos políticos que ahora claman contra lo que ha hecho Garzón, resulta que es lo que pedían hace muy poco tiempo, cuando decían que la causa debía pasar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".