En el escrito, solicitado por el magistrado a las partes, el abogado solicita la confirmación de los procesamientos por entender que los recursos planteados "carecen de argumento" para rebatir los "firmes, detallados y motivados" cargos que pesan contra los acusados.

El letrado de la acusación popular califica de "intolerables, interesadas y gratuitas las imputaciones dirigidas contra el juez instructor, Baltasar Garzón, "por parte de alguno de los procesados".

En su opinión, es "absolutamente incierto" que el testimonio de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez "sea el único indicio que apoya los procesamientos", ya que los indicios que apuntan a la culpabilidad de los acusados "son, en todos los casos, múltiples e inequívocos".

A su juicio, el juez instructor tuvo un "exquisito cuidado en no decretar ni una sola prisión provisional qe no estuviera basada en sólidos y variados indicios" y no adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad antes de comprobar que los testimonios inculpatorios de Amedo y Domínguez estaban confirmados "por otros indicios".

El abogado indicó que el propio Juan de Justo, ex secretario personal de Rafael Vera, admitió en su declaración ante el juez los pagos efectuados a Amedo y Domínguez, con cargo a los fondos reservados.

Sobre Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, señaló que prouce "especial sorpresa" los argumentos esgrimidos por él en su recurso, ya que insiste en que hay una campaña de intoxicación en relación con este caso, pero "sigue sin aclararnos cuáles pudieran ser sus últimos impulsores".