GAL. LA ACCION POPULAR RECURRIRA EL FALLO DEL TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION

MADRID
SERVIMEDIA

La acción popular en el 'caso GAL' tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia dictada el pasado viernes por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que dio la razón al Ministerio de Defensa en su negativa a entregar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los documentos del CESID que el maistrado le reclama.

Según anunció a Servimedia el abogado que representa la acción popular, José Luis Galán, en el recurso, que presentará antes de 20 días al Alto Tribunal, alegará la "indefensión" que, a su juicio, les produjo el hecho de que no se hubiera dado traslado a las partes personadas en el sumario del 'caso Monbar' del contencioso por el plazo de 10 días previsto por la ley para alegar sobre el fondo del conflicto.

Galán, quien señaló que la indefensión "es bastante clara", había presntado un escrito ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción solicitando su personación en el contencioso, con el fin de poder hacer las alegaciones oportunas sobre el fondo del conflicto.

Sin embargo, en su sentencia del pasado viernes, la Sala rechazó este trámite señalando que las partes ya tuvieron la oportunidad de presentar las alegaciones que consideraron convenientes cuando el conflicto fue presentado ante el juez Garzón y señaló que en la fase procedimental ante el Tribunal de Conflictos d Jurisdicción "no hay más alegaciones legalmente previstas" que las del ministerio fiscal y la administración interviniente, en ese caso el Ministerio de Defensa.

En este sentido, Galán recordó que cuando el contencioso era tramitado por el juez Garzón, éste sólo les dio traslado del mismo para que en el plazo de un día informasen sobre la admisión o no del conflicto, pero no para alegar sobre el fondo.

Señaló que en su recurso, la acción popular volverá a insistir, como ya hiciera ante el juez Grzón, en que no existió tal conflicto de jurisdicción y agregó que aun en el supuesto de que existiera, "no se podría resolver en ese sentido", dado que a su juicio supone "poner de rodillas al poder judicial" ante el Ejecutivo.

Finalmente, el abogado también consideró que el fallo del tribunal, que concede exclusivamente al Consejo de Ministros la potestad para facilitar documentación clasificada a los jueces, "ha echado por tierra el sistema de equilibrio de poderes", así como la independencia judical.

(SERVIMEDIA)
19 Dic 1995
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