En un escrito remitido al instuctor del 'caso GAL', la acción popular afirma que las diligencias practicadas desde el pasado 28 de agosto, día que que pidió por primera vez la citación de González, no permiten descartar la responsabilidad penal del presidente del Gobierno en el secuestro de Segundo Marey.

Indica que el procesamiento del ex ministro del Interior José Barrionuevo por estos hechos "concede mayor verosimilitud a los indicios o elementos de sospecha de responsabilidad penal" de González.

Precisa que por el contenio del auto de procesamiento de Barrionuevo, en el que Móner señaló que el ex ministro se integró en funciones directivas en los GAL, la asunción por parte de Barrionuevo en su día de la fracasada operación de detención en Francia del etarra Larretxea y por la utilización de fondos reservados para financiar el secuestro de Marey, "resulta de todo punto increíble una actuación autónoma del procesado, entonces ministro del Interior, sin órdenes supremas del presidente del Gobierno".

Agrega que, además, etos hechos deben ser considerados "en el contexto de una acción de Gobierno para combatir a ETA, diseñada en el marco institucional de la lucha contraterrorista, cuya máxima responsabilidad era y sigue siendo de la máxima autoridad del Gobierno de la nación".

La acción popular recuerda que, además, Barrionuevo "recientemente ha declarado a los medios de comunicación haber actuado siempre con el respaldo del Gobierno (bien es cierto que sin admitir la comisión de hecho delictivo alguno), respaldo que, omo es público y notorio, se mantiene en la actualidad, aún después del citado auto de procesamiento".

Afirma que no pueden enervar tales indicios que, a su juicio, existen contra González la "obstaculización a la investigación" del 'caso Monbar' con la negativa a entregar documentación del CESID y la posterior negativa a desclasificar dichos documentos por parte del Gobierno que preside.

Por ello, la acción popular considera que sigue siendo necesario el interrogatorio del presidente del Gobiern en calidad de imputado, para lo que estima que no es preciso solicitar el suplicatorio al haber sido disueltas las Cortes y no formar parte González de la Comisión Permanente.

Finalmente, precisa que esta diligencia es procedente en el actual momento "sin que lógicamente puedan aplicarse presuntas 'normas no escritas', interesadamente alegadas por personas poco respetuosas con la independencia del poder judicial, cuya acción no puede regirse por criterios de oportunidad política, sino de sometimientoal principio de legalidad".

Esta petición de la acción popular se suma a la realizada la pasada semana por el abogado del ex dirigente de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, quien pidió al magistrado que citase a declarar, además de a González, a Narcís Serra y José María Benegas.