Según informó hoy a Servimedia el abogado de la acción popular Teodoro Mota, los representantes de esta acusación harán constar al Defensor del Pueblo su preocupación porque "se vulneran derechos muy importantes en el procedimiento, así como las garantías que hay en él en materia de prueba".

En el recurso presentado el pasado día 12 de enero cotra la resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del 14 de diciembre de 1995, la acción popular estima que la misma ha provocado indefensión, al vulnerar los derechos al juez predeterminado por la ley, el principio de tutela judicial efectiva y el principio de igualdad procesal entre partes.

Por ello solicitan al Alto Tribunal que anule dicho fallo y que se dicte una nueva sentencia "por la que se acuerde no dar lugar al conflicto promovido por el Ministerio de Defensa y se reconozca la faultad del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para acceder a los documentos solicitados".

En concreto, el juez pidió la desclasificación de la llamada 'acta fundacional' de los GAL, que aporta, entre otros datos, una nota de despacho redactada por el coronel Juan Alberto Perote sobre la inminencia de acciones en el sur de Francia contra ETA por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Consejo de Ministros aprobó en su día, a instancias del Ministero de Defensa, la negativa a aportar los documentos solicitados por el juez Garzón alegando que dicha documentación "afecta a la seguridad del Estado, a la defensa nacional y a las relaciones internacionales".